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UGT ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta una demanda contra el nombramiento de Javier Celaya como director general de Educación de la Ciudad. Su intención era en primera instancia,
presentar una demanda conjunta contra varios nombramientos, pero no se ha aceptado ese tipo de formulación y deberán hacerlas por separado. UGT considera que la creación de Direcciones Generales debería haber pasado por la mesa general de negociación del Ayuntamiento de la Ciudad autónoma de Ceuta, ya que según el texto de la demanda, el sindicato entiende que la designación de los
directores generales, -en este caso, de Celaya-, corresponde con la de cargo político y, sin embargo, se le atribuyen funciones de ordenación del trabajo que afectan a las condiciones laborales de los funcionarios públicos. Aluden además a la reciente sentencia del TS contra el nombramiento de viceconsejeros, y denuncian la falta de asignación presupuestaria para las nominas de los directores generales, cuyos nombramientos se publicaron a la vez que la creación de las Direcciones Generales, amparados en un Reglamento que cuestiona la central sindical.
La creación de estas Direcciones, además, "no están motivadas" según los servicios jurídicos de FeSP-UGT, llegando a considerar "fraude de ley" los nombramientos realizados por el Gobierno de la Ciudad que, en su opinión, "auténtica agencia de colocación de cargos políticos del estado que han perdido su puesto político en la Administración del Estado, por el devenir electoral". Según recoge la demanda, "todo se trata de una mera treta de importación de funcionarios para el supuesto o presunto ejercicio de funciones públicas, sin tener que participar en un proceso de convocatoria pública. Y esta imputación que se realiza, se fundamenta en que estos perciben retribuciones propias de funcionarios en activo". El sindicato solicita además que se plantee una "Cuestión de Inconstitucionalidad" contra el apartado referente a Ceuta y Melilla en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que en teoría, sería la defensa a la que podría recurrir el Gobierno de la Ciudad. FeSP-UGT argumenta contra ello que "al Ayuntamiento de la Ciudad de Ceuta no le es de aplicación la normativa de régimen local en cuanto a la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno, primando con ello al reglamento municipal de Ceuta sobre la Ley del Estado.