Los oficiales de actividades específicas hablan de inseguridad e incumplimientos El sindicato UGT trasladó ayer a la opinión pública la “indignación” de los oficiales de actividades específicas del centro de Educación Especial San Antonio por la actitud que mantiene la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, MECyD, en relación al servicio privado complementario del transporte escolar, contratado y dirigido desde este organismo.
Los empleados públicos como personal laboral con esta categoría en San Antonio confiesan que, tras años de conversaciones con la administración, sienten que se ha aprovechado de su “buena voluntad” y recurrirán en los próximos días a los Servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para denunciar unos hechos que consideran “constitutivos de infracciones” en este servicio de transporte. Los oficiales se preguntan qué actuaciones seguirá el Comité de Empresa, “conocedor de estas infracciones desde hace años, porque hasta ahora no han demostrado representar ni defender las quejas e intereses de estos trabajadores”.
El colectivo protesta por los contratos y convenios “encandenados” durante años “sin revisión” de las condiciones del servicio, “únicamente variando la cuantía económica”, según sus palabras.
Por otra parte, la central sindical informa del “incumplimiento” del Real Decreto 443/2001 de 27 de abril sobre las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. En concreto, los trabajadores se refieren a los cinturones de seguridad, la ruta escolar, los acompañantes y los protocolos en prevención de riesgos, entre otros aspectos.
UGT se queja de la “ausencia” de inspección del Servicio de Protección de Riesgos Laborales del Ministerio sobre los vehículos contratados y apunta que realizó “una única inspección” en junio de 2009 ante el requerimiento de los denunciantes.
Los trabajadores aluden a un “supuesto trato discriminatorio” y “agravio comparativo” entre los oficiales de la península y los de Ceuta y Melilla a pesar de tener “idéntico convenio laboral”. UGT añade que también se puede aplicar a “algunos ayudantes contratados por las empresas privadas y el Plan de Empleo”.
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