UGT asegura que Ingesa suple su “falta de ideas y los errores” con “mucha cara dura”

El sindicato niega que les ofrezca datos pero, cuando lo hace, “empeoran las cosas como con la Jefatura de Admisión de Personal no Sanitario”.

Contrarréplica de Juan Carlos Querol, delegado de la Sección Sindical de Sanidad en UGT,  a Fernando Pérez-Padilla, director territorial de Ingesa, al asegurar que existen sindicatos que “desinforman” sobre la sanidad pública. Para el ugetista, la “falta de ideas” del directivo y su equipo “y los errores de gestión que están cometiendo, los suplen con mucha cara dura”.
El sindicalista reiteró que la institución sanitaria se niega a ofrecer datos “de manera sistemática” a pesar de los “documentos enviados a la Dirección-Gerencia para que informe de las cuestiones que tanto trabajadores como usuarios denuncian” y sobre aquello que el sindicato considera que está “mal”. No obstante, las “pocas veces” que responde a los escritos “empeoran las cosas” porque, aseguró, “se descubren las tramas”.
Como ejemplo de las “barbaridades que están haciendo”, Querol recordó que UGT solicitó información sobre la Jefatura de Admisión de Personal no Sanitario. “Después de mucho tiempo, contestan diciendo que ya no hay tal Jefatura” aunque, subrayó este representante de los trabajadores, “estaba en las plantillas orgánicas hasta hace bien poco”.
Tras indagar, prosiguió, concluyeron que Ingesa “amortiza” esa plaza porque su contestación fue que “no existe”, por tanto en tono de “mofa dijeron: Cómo vamos a sacar la convocatoria”. Una situación que llevó al doctor a preguntarse si Madrid estará al tanto de esta presunta supresión o si es legal. Querol desconoce “qué ha sido de ese dinero” y, teóricamente, “no podrían nombrar a nadie” pero, sin embargo, “sí lo han hecho en funciones”, apostilló. Un puesto “inexistente” que, para rizar el rizo, “ahora ocupa otra persona que también está cobrando”.  
En cuanto al Teleictus, Querol desmintió a Pérez-Padilla, quien señaló la imposibilidad de cubrir la atención a pacientes de ictus con sus tres neurólogos “24 horas al día, 365 días al año”. El delegado de UGT lo calificó de “curioso” porque, en esa misma situación, “hay dos hematólogos que sí hacen esa cobertura al año”, al igual que tres urólogos que cubren guardias localizadas. “¿Por qué los neurólogos no lo hacen?, se preguntó.
Las listas de espera preferentes en el Servicio Andaluz de Salud, uno de los objetivos de Ingesa a cumplir este año, fueron criticadas por el ugetista. “En todo caso será en la privada, porque en la pública no”, sentenció Querol “por mucho que digan” que mantuvieron negociaciones con el gerente del Puerta del Mar.
Sobre la Encuesta de Satisfacción de Ingesa, desde este sindicato reconocieron que carecen de datos en estos momentos para hacer una valoración, aunque desconoce si “realmente se ha hecho en la sede del Partido Popular”.

“Esperas” de dos y tres meses en distintas pruebas

Querol comentó que los pacientes con los que contactó deben ser “gafe” porque, estimó, para someterse a una Radiografía en Primaria, el usuario “espera dos meses”. Sin embargo, para endoscopias, “tarda de uno a dos meses aunque, claro, a lo mejor también tuvieron mala suerte. Pero es que para las pruebas especiales de Cardiología, la espera es de hasta dos y tres meses”. 

“Les pega el chicle del precio del helicóptero  a la Ciudad y Delegación”

La contratación del helicóptero sanitario por un precio superior al de partida, que el director territorial atribuyó al “encarecimiento tremendo” que supuso que Ingesa asumiera “exclusivamente” este servicio por la suspensión de la línea aérea civil, también fue abordada por Juan Carlos Querol, delegado de la Sección Sindical de Sanidad en UGT.
“No sé qué pensarán en Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma sobre sus declaraciones –del director territorial de Ingesa– y la vinculación con la aviación civil; les ha pegado el chicle del encarecimiento a ellos”, explicó este representante de los trabajadores.
El ugetista interpreta que Fernando Pérez-Padilla, titular de la Dirección Territorial, “culpa” a ambas administraciones de que el precio pasara de 792.000 euros anuales a 1.200.000.