Esta institución se ha sumado a la petición que hacia la Universidad Rey Juan Carlos de que se " depuraran las responsabilidades" y así ha sido. A través de un comunicado, la Rectora, Pilar Aranda y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada han manifestado que todas las todas las universidades públicas "disponen de instrumentos de control y procedimientos reglados con los que hacer frente a cualquier tipo de malas praxis académicas o de ilegalidades en la actividad universitaria".
Asimismo esperan que todos "actuen con total normalidad y con la máxima celeridad se depuren las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos controvertidos.
El documento ha pedido que no se ensucice la imagen de las universidades públicas destruyendo "la instrumentalización" de un caso particular "para poner en entredicho la credibilidad del funcionamiento del sistema público de educación" y que " una mala praxis o una irregularidad no puede servir de pretexto para poner en cuestión la actividad de la inmensa mayoría de nuestro personal docente e investigador, del personal de administración y servicios y de nuestro estudiantado".
Por último, la UGR ha defendido "la integridad y la honestidad del trabajo del conjunto de la comunidad universitaria española como un deber con la institución y un compromiso firme con el sistema público de educación superior".
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