Buenos augurios sin certeza todavía. La rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, se reunió ayer en Madrid con el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, José Manuel Pingarrón, y su homólogo de la Junta, Manuel Torralbo, para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la puesta en marcha desde el próximo curso del nuevo Máster en Investigación e Intervención para la Innovación y Mejora en Atención a la Diversidad que la Facultad de Educación, Economía y Tecnología local de la institución nazarí ya había incluido en su oferta de titulaciones para el año académico 2018-2019 hasta que la Junta se negó a darle su visto bueno sin un compromiso concreto del Estado para mejorar la financiación de los Campus de las ciudades autónomas.
Según las fuentes consultadas por este periódico conocedoras del desarrollo de la cita, la UGR mantiene su confianza, sin que pueda hablarse de un sí “seguro”, en que las dos Administraciones lleguen a un acuerdo que permita publicar la próxima semana en el BOJA una modificación del Decreto de nuevos títulos que incluya, entre otros, el nuevo Máster de Ceuta y el que se pretende implantar también en Melilla.
“La reunión ha dejado buenas sensaciones pero no se puede hablar de seguridad porque la Junta sigue reclamando un plan de financiación”, resumieron.
La Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales instó ayer la Universidad de Granada, a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Ciencia y a las Ciudades Autónomas a no “limitar las oportunidades de los estudiantes ceutíes y melillenses” y apoyó “cualquier iniciativa que suponga el desarrollo de las enseñanzas de Postgrado en Ceuta y Melilla” tras la negativa del Consejo Andaluz de Universidades a la implantación de dos nuevos Másteres en ambas por la falta de acuerdo sobre el presupuesto destinado a la UGR para ambos Campus entre la Junta y el Ministerio.
Para AEALCEE, ambas titulaciones “empequeñecerían la brecha actual de oportunidades separa a esos dos territorios del resto de España” de forma coherente con lo que predica sobre el derecho a la Educación el ordenamiento jurídico.
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