El Boletín Oficial del Estado publicó el 29 de diciembre el decreto de revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Nadie se esperaba una de ellas, la disposición adicional quinta, que obliga a la inclusión en el régimen de la
Seguridad Social de las personas que realicen prácticas formativas externas en empresas, instituciones o entidades. El mundo universitario, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE), no tardó en reaccionar mostrando su preocupación porque no se le hubiera tenido en cuenta y por el coste que acarrearía la medida, de momento pospuesta hasta el curso 2019-2020. La
Universidad de Granada todavía no ha hecho cálculos exactos “porque el asunto ha quedado en stand-by” desde la última reunión de rectores, que ha retrasado su implantación hasta el próximo curso. Sin embargo, hay que barajar todas las opciones, y la principal se centra en el gran desembolso que les supondría cotizar por todos sus becarios, que para la entidad nazarí se cifra en millones de euros. “La cuantía sería de unos 50 euros al mes por estudiante en prácticas”, informan desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. En el Campus de Ceuta el número de estudiantes en prácticas asciende a más de cuatrocientos, repartidos a partes iguales entre ambas facultades, y que se traduciría en una inversión mensual de, aproximadamente, 40.050 euros. Una partida, alertan desde Granada, inasumible. “No nos oponemos. Desde la UGR apoyamos todas las medidas que vayan en pro de los estudiantes, pero para la universidad supone una inversión a la que no podemos hacer frente”, aclaran. En el caso de las prácticas curriculares, las que son obligatorias en planes de estudios de carreras como las sanitarias o las de educación, y que son las que realizan más del 90% de los estudiantes de Ceuta, el alta en el sistema general está bonificado al 100% si los becarios cobran por ellas. En cuanto al resto, los convenios que se firman incluyen solo los datos personales, las competencias que tiene que realizar el becario, la duración de la formación (entre tres y seis meses) y si se cuenta con bolsa de empleo. La nueva regulación ya no hace excepciones y se deberá de cotizar por todas ellas, ya sean remuneradas o no. Una de las principales dudas que se han planteado en los últimos días pasa por quién iba asumir ese coste. Al respecto, el responsable de este Vicerrectorado, José Antonio Naranjo, asegura que el principal problema es la ambigüedad del decreto. “No especifica quien debe asumir el gasto, el cómo y de dónde va a proceder ese dinero”, expone. Sin embargo, salvo que exista un acuerdo entre las partes, “debería ser la entidad contratante la que sufrague las cuotas de los becarios, y que en el caso de Ceuta, por el tipo de prácticas, recae en organismos públicos, como colegios, el Hospital o centros sanitarios”. Esto ha hecho que la Conferencia de Rectores alerte de una posible disminución del número de empresas u organismo que oferten formación a las universidades. En este sentido Naranjo expresa no contemplar esa opción. Un descenso de becas supondría mermar la oferta académica, aunque si bien es una opción que la institución universitaria de momento prefiere no contemplar, tampoco garantiza que se puedan salvar todas las plazas ofertadas si finalmente es la universidad la que debe hacer frente a las cuotas sin ningún tipo de ayuda por parte del Ministerio. Naranjo es claro a este respecto: una medida que beneficia a los estudiantes no se puede volver en su contra y, por ello, debe venir respaldada de un acompañamiento económico”, afirma con rotundidad.
“La medida debe ir respaldada de un acompañamiento económico”
Son varias las opciones, dependiendo la parte encargada de asumir el gasto, aunque todos los caminos llevan al actual proyecto de presupuestos, actualmente en fase de alegaciones, y que todavía juega con el tiempo a su favor para una revisión y modificación de las partidas destinadas a las universidades. “De momento tenemos tiempos para hablar, pero todo dependerá de los presupuestos”. El responsable académico pide “prudencia”, ya que hay un plazo de tres meses para desarrollar la nueva reglamentación. La entrada en vigor de esta nueva normativa no se llevará a cabo hasta el próximo curso. La postura de la UGR pasa porque las cuotas estén exentas de liquidación para que no supongan un coste a ninguna de las partes pero beneficie a los alumnos al estar incluidos en el sistema. En cualquier caso, el vicerrector de Empleabilidad de la UGR considera que el hecho de que “un estudiante esté dentro del régimen de la Seguridad Social es una medida de interés porque supone, además de una regularización, una generación de posibles de prestaciones futuras a las que tendrá derecho”.