UFP y SPP han remitido una nota de prensa para salir al paso de “informaciones a todas luces faltas de rigor y veracidad”, criticando a los “periodistas y políticos oportunistas que no sabemos con qué intenciones intentan desprestigiar a alguna autoridad, mando o institución”, indican, sin dar identidades de a quienes se refieren. “Para aquellos que con oscuros intereses conspiran en este desprestigio hay que mencionarles que existen vías institucionales y judiciales a tal efecto, que son los medios adecuados cuando se cree en la veracidad de lo que se dice, y no la falacia y la falsedad de quienes por intereses oscuros, o por aquellos otros que no saben entender la política de manera democrática o no son capaces de realizar una oposición constructiva en beneficio de todos los ceutíes”, indican.
“La inseguridad es un problema poliédrico con múltiples causas y respuestas reflexivas entre los distintos actores involucrados, siendo Policía Nacional uno de esos actores, pero no el único. Cuantas actuaciones llevan a cabo los funcionarios de esta Jefatura se ajustan a normativa y procedimiento, a través de cauces establecidos y que revierten fundamentalmente en la institución judicial, desde donde jamás ha dimanado ni tan sólo una pregunta o sugerencia al buen hacer de los funcionarios de esta Jefatura Superior. Y en este sentido otro instrumento cercano al ciudadano, el Libro de quejas y sugerencias, donde no consta alguna”, critican.
“En mención a las recientes publicaciones falaces relativas a motivaciones extrañas de los superiores en aras de disuadir a los ciudadanos a interponer denuncias o el archivo de aquellas”, explica, en alusión a la nota que fue remitida esta semana por el PSOE, “son en sí fruto de tamaña estupidez de aquellos ignorantes que parecen desconocer la modificación de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Al respecto de “las falsas menciones relativas a una ausencia abrumadora de la presencia de letrado con las víctimas de género es volver a redundar en la ignorancia de quienes desconocen el contenido de la Ley Integral sobre Violencia de Género, a la cual se ajusta en todo momento el buen hacer de los funcionarios que atienden inicialmente a las víctimas y posteriormente por la Unidad especializada, quienes formados en la materia asesoran en todo momento a las víctimas, así como veladamente se infunde una inexistente mala praxis de los letrados relacionada con las posibles irregularidades o errores profesionales, absolutamente inciertos”. Sobre la seguridad y comercio, “dirigirnos a quienes desconocen la existencia de vías institucionales que tienen cauces y organismo a quien elevar y solicitar”.
Piden los sindicatos que se deje la dirección de la seguridad a sus profesionales, sin “infundios ni falsedades” de los que se mueven por “otros fines y oscuros intereses”, insisten, sin dar ni nombres ni apellidos.
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