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La UE respalda las “reglas especiales” para embarcar desde Ceuta y Melilla

La Comisión Europea recuerda que hay controles “como en las fronteras externas” de la Unión

La responsable de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, YIva Johansson, ha explicado en una respuesta por escrito a una pregunta de dos eurodiputadas holandesas que le interpelaron por los motivos de la detención durante dos días de un compatriota cuando hacía cola para embarcar desde Melilla hacia Málaga que en las dos ciudades autónomas, por no formar parte del ‘espacio Schengen’, se aplican “reglas especiales para viajar” hacia territorio europeo.

“Los viajeros”, ha recordado la política sueca, “están sujetos a controles de identidad y documentos con el objetivo de verificar si todavía satisfacen las condiciones de entrada, como se verifica en las fronteras externas”.

Si en el contexto de tal verificación surge “una duda” sobre la autenticidad de un documento de viaje, las autoridades “tienen que tomar medidas para aclararlo siguiendo las normas prescritas por la legislación nacional”.

El Código de Fronteras Schengen obliga a los Estados miembros a comprobar “al menos uno de los identificadores biométricos integrados en los pasaportes y documentos de viaje, ya sean imágenes faciales o huellas digitales, de las personas que disfrutan del derecho de libre movimiento bajo la ley de la UE”.

Actualmente catorce Estados miembros intercambian los certificados necesarios para acceder a las huellas digitales almacenadas en el chip del pasaporte, pero España no está entre ellos.

Así, “a falta de normas del Derecho de la Unión a este respecto, los medios de reparación disponibles para una persona están sujetas a controles, incluido el plazo dentro del cual se puede iniciar una reclamación” atendiendo a “los principios de proporcionalidad, equivalencia y efectividad”.

En el caso de marras, el holandés detenido tuvo que “vivir en las calles” de la ciudad hermana durante “un mes” antes de recuperar su pasaporte para poder regresar a los Países Bajos.

Las dos eurodiputadas interpelantes planteaban que las autoridades españolas podrían haber incurrido en presuntas infracciones de “discriminación” o “detención o confiscación arbitraria o ilegal de pasaporte”.

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