La Unión Europea (UE) apoyará a Marruecos con 101,7 millones de euros para combatir la inmigración irregular y el tráfico de personas, informó este miércoles la Comisión Europea, que dio a conocer un nuevo paquete de medidas de apoyo a distintos países al norte de África.
El nuevo paquete, que incluye cuatro acciones a las que se destinarán 147,7 millones de euros con cargo al Fondo de Emergencia Fiduciaria para África, eleva los compromisos europeos en la región hasta los 807 millones de euros.
En particular incluye 101,7 millones para apoyar los esfuerzos de Marruecos para combatir el tráfico de seres humanos y gestionar la inmigración irregular, y aumentar la concienciación entre los jóvenes y sus familias sobre los riesgos que afrontan al tratar de cruzar el Mediterráneo.
Por otro lado incluye 17 millones de euros para apoyar a las comunidades y niños vulnerables en Libia, con ayuda de la Agencia Alemana de Desarrollo y UNICEF.
También se destinarán 24 millones de euros para los retornos voluntarios desde Libia y las medidas de protección, en cooperación con la Organización Internacional de Migraciones.
Por último, incluye cinco millones de euros para aumentar las oportunidades económicas y expandir la migración laboral en el norte de África.
Entre otros objetivos, el nuevo paquete de ayuda servirá para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en Libia y proteger a los refugiados y a los inmigrantes más vulnerables a través de retornos voluntarios y para ofrecer oportunidades para la migración laboral y la movilidad en el norte de África.
El Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África se estableció en noviembre de 2015 para abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y la migración irregular y para contribuir a una mejor gestión de la migración.
El presupuesto general del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África está valorado en más de 4.600 millones de euros.
El nuevo paquete de acciones es el más grande adoptado hasta la fecha.
La asistencia, a través de transferencias directas, "proporcionó un valor añadido limitado" y también fue restringida su capacidad de apoyar las reformas en el país, añade el informe. Los auditores publicaron este informe que analiza la ayuda al desarrollo a Marruecos.En particular, examinaron las áreas de salud, protección social, justicia y desarrollo del sector privado.
Según los auditores, uno de los problemas en que se ha incurrido es una definición demasiado amplia de las áreas elegibles, que cubren un gran número de sectores y reducen el impacto potencial del apoyo de la UE.
También señalan que la Comisión no había asignado fondos a programas sectoriales utilizando un método transparente y la coordinación de los donantes entre los sectores fue desigual.
Los programas financiados, que siguen en funcionamiento, "hasta ahora no han mostrado un impacto significativo, ya que a finales de 2018 se había logrado menos de la mitad de sus objetivos".
Los auditores descubrieron también que faltaban controles rigurosos sobre la evaluación de los resultados y que a veces se realizaban pagos cuando no se habían alcanzado los objetivos.
Además, la gestión que la Comisión Europea hizo de los programas de apoyo presupuestario para el país se vio obstaculizada por las debilidades en su diseño, aplicación y control así como en la evaluación de los resultados.
"El apoyo presupuestario de la UE a Marruecos no proporcionó el apoyo suficiente para las reformas del país y el progreso en los desafíos clave fue limitado", dijo Hannu Takkula, miembro del Tribunal de Cuentas.
Añadió que "para maximizar el impacto de la financiación de la UE, la Comisión debería centrar el apoyo en menos sectores y fortalecer el diálogo político con Marruecos".
La UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo de Marruecos.
Para 2014-2020 hay programados 1.400 millones de euros de ayuda, principalmente destinados a los tres sectores prioritarios: servicios sociales, Estado de Derecho y crecimiento sostenible.
A finales de 2018 se habían concluido contratos por 562 millones de euros y hecho pagos de casi 206 millones de euros en virtud de su instrumento de apoyo presupuestario, que tiene como objetivo promover reformas y objetivos de desarrollo sostenible y representa el 75 % del gasto anual de la UE para el país.
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