La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha respondido al eurodiputado español Miguel Urban, que tras las expulsiones irregulares de 55
menores migrantes marroquíes solos desde Ceuta le preguntó cómo haría valer el órgano ejecutivo de la
UE “las leyes básicas” comunitarias, que “de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, las decisiones de
retorno adoptadas por las autoridades nacionales competentes deben adoptarse caso por caso y basarse en criterios objetivos”. Según la política sueca, “además, la Directiva establece garantías procesales para que los Estados miembros respeten siempre los derechos fundamentales de los migrantes irregulares al aplicar la Directiva y tengan debidamente en cuenta el interés superior del menor”.
La normativa europea también recoge “requisitos específicos que deben cumplirse para el retorno de los menores no acompañados, entre ellos, por ejemplo, la prestación de asistencia por parte de organismos adecuados distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del retorno, y que un menor no acompañado solo pueda ser devuelto a un miembro de la familia, a un tutor designado o a un centro de acogida adecuado”.
A juicio de Johansson, “las autoridades españolas están haciendo esfuerzos para garantizar que los migrantes sin derecho de estancia en la EU, incluidos los menores no acompañados, sean devueltos respetando plenamente los derechos fundamentales”. “Garantizar el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea es esencial para aumentar la credibilidad y la sostenibilidad de las políticas nacionales y de la UE en materia de migración y asilo”, ha añadido la comisaria.
Para terminar la titular de Interior ha advertido a Urban, miembro del grupo de La Izquierda Unitaria en la Eurocámara, que La Comisión “no tiene competencias para tratar casos individuales”, aunque sí “evalúa la aplicación de las disposiciones de la Directiva relativa al retorno por diversos medios, incluso en el contexto del mecanismo de evaluación de Schengen”.
“Esto se entiende sin perjuicio de las facultades de la Comisión para incoar procedimientos de infracción, en caso necesario”, ha dejado abierta la puerta a posibles reproches al Gobierno de España por su actuación de agosto, unánimente sancionada por la Justicia, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la Abogacía Española y multitud de expertos y entidades no gubernamentales por intentar retornar a los menores solos llegados a Ceuta en la avalancha de mayo sin aplicar los procedimientos establecidos en la legislación española, como tiene que hacer ahora.