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La UE asume como desafío la crisis migratoria en la frontera sur

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha indicado en Gran Canaria que precisará de la implicación y solidaridad de todos sus países miembros

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha garantizado este viernes en Gran Canaria que la UE asume la crisis migratoria que afecta a esta frontera sur del continente como un desafío que precisará de la implicación y solidaridad de todos sus países miembros.

Johansson ha hecho estas consideraciones tras visitar en una comparecencia pública junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la que ha asegurado que la Comisión Europea "tiene músculo" y herramientas suficientes paras ayudar a Canarias a afrontar este repunte migratorio, que ha llevado a las islas a 12.743 personas en lo que va de año.

En su intervención, Johansson ha advertido de que los "inmigrantes económicos" que lleguen a Europa y no tengan derecho a una protección internacional "deben ser devueltos a sus países", y ha añadido que, aunque la UE necesita de estos flujos, porque envejece, solo puede asumir los que lleguen por "vías legales".

Marlaska ha recalcado que la política migratoria española fue "abandonada" tras la llamada 'crisis de los cayucos', que tuvo su punto álgido en 2006, y ha subrayado que su reinicio "sin atajos" en 2018 permitió el pasado año reducir en un 50 % las entradas ilegales por vía marítima en el Mediterráneo, un balance que ha confiado en que se reproduzca ahora en Canarias.

Marlaska: es una "obligación" proteger la democracia y la sociedad contra bulos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que es una "obligación" del Gobierno proteger a la sociedad y sus valores democráticos frente a los bulos y ha subrayado que las medidas contra la desinformación no vulneran derechos constitucionales, sino que los garantizan.

En el transcurso de una rueda de prensa, el ministro fue preguntado por la publicación en el BOE de una disposición para impulsar un plan contra la desinformación deliberada y el ministro ha precisado que el objetivo es combatir bulos, en algunos casos hasta delictivos, que pueden causar de graves perjuicios a las instituciones democráticas y a la sociedad.

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