En los pasillos de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, detrás de una de las puertas de la planta superior, un grupo reducido de agentes trata de dar con los autores de las estafas y timos que afectan a los caballas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y delitos tecnológicos (UDEF) no suele llevar uniforme. La mayor parte de su trabajo entraña la gestión de diligencias, informes y el rastreo por internet. “Es un trabajo muy técnico, que requiere una formación que suele ser bastante larga”, admite Félix Alonso, inspector jefe del grupo. Los funcionarios destinados en esta unidad necesitan manejar unos conceptos que luego deben explicar en los juzgados para que las denuncias que se llevan a juicio terminen con condena.
En Ceuta, siete personas se encargan de atrapar a los delincuentes. Además del inspector, hay cinco agentes y un oficial de Policía. Un número que con la llegada del coronavirus se ha vuelto insuficiente. “Con la pandemia los delitos económicos y tecnológicos se han incrementado en más de un 600%”, asegura Alonso. Del mismo modo que la población se ha tenido que quedar en casa, también los delincuentes se han visto limitados a operar desde su domicilio. Por lo tanto, han optado por vías telemáticas para aprovecharse de los más ingenuos: “Los malos se han dado cuenta de que no hay que ir a las oficinas porque lo ha impedido la pandemia, el confinamiento, y se han disparado los tipos de delitos que no solo los hacen desde casa, sino que los hacen usurpando la identidad de terceras personas”. Y con esta subida exponencial de casos, a la Policía no le ha dado “tiempo” a aumentar “el personal”. “Siempre nosotros, con los medios que son escasos, vamos un poquito por detrás de los delincuentes”, admite el inspector jefe.
Los agentes de la UDEF pasan la mayor parte de la jornada laboral situados frente a su ordenador. “El 80% de nuestro trabajo es una labor que hay que acceder a fuentes, algunas accedemos directamente con recursos policiales, con oficios a las empresas, a las entidades bancarias... y otras para las que necesitamos autorizaciones judiciales”, refiere Félix Alonso.
Cuando llegan por la mañana revisan las denuncias que se han puesto en el último día y, como en un hospital —ejemplifica el inspector jefe—, las someten a “un triaje” y las ordenan según “la gravedad y la eficacia” de cada una. Porque hay asuntos que se deben atender de manera más urgente. Si para un caso necesitan pedir las grabaciones de una cámara de seguridad, el trámite debe llevarse a cabo lo más pronto posible para que no se eliminen.
Aunque las estafas por internet se producen desde hace años, han proliferado las vinculadas a las compras por internet; cada vez hay más ciudadanos que recurren a comercios ‘online’. “Son cuestiones que antes se hacían en la calle, en las tiendas”, revela Félix Alonso. El engaño más habitual, indica el inspector jefe, es en el que una persona adquiere un producto o servicio y, después de pagar, no llega. También hay establecimientos que solicitan suministros a unos proveedores que son falsos.
Pero luego existen grandes entramados de delincuentes: “Hay auténticos profesionales, que son organizaciones criminales o grupos criminales. Unos están en España y otros pueden estar en Europa, pero también en Sudamérica o Asia”. En estos casos, los estafadores se reparten las funciones y los que tienen “grandes conocimientos en informática” son capaces de reproducir páginas web populares casi a la perfección. Pero no ya para conseguir dinero por un artículo que nunca envían, sino para enredar a la víctima en otras actividades delictivas.
Algunos grupos clonan páginas como la de Amazon para estafar con el método del phising. El término, explica Alonso, viene de ‘fishing’ —pescar, en inglés—, pero se escribe con ‘ph’, de ‘password hackering’ porque el objetivo es conseguir la contraseña y muchos otros datos. Los delincuentes distribuyen miles de mensajes SMS o correos electrónicos haciéndose pasar por el gigante del comercio electrónico, por ejemplo, anunciando que la compañía ha sufrido un ataque y necesita volver a guardar datos o “implementar una medida de seguridad”.
El receptor, cuando pincha en un enlace que se adjunta, acaba redirigido a una página parecida a la original e introduce el número de tarjeta y el código CVV del reverso, entre otras informaciones comprometidas. Y los delincuentes usan estos datos para estafar a terceras personas. Cuando la Policía busca a los autores, los datos bancarios señalan a un titular que nada tiene que ver con el fraude.
“Con los programas informatizados que mandan un correo a 15.000 o 20.000 personas, con que solo un 1% caiga les es suficiente”, garantiza el inspector jefe de la UDEF en Ceuta.
Félix Alonso añade que esta actividad es algo “complejo de investigar”, sobre todo cuando las organizaciones operan desde el extranjero y se trata de cantidades “pequeñas”, menos de 10.000 euros: “No hay una efectividad policial-judicial, llámese Interpol, llámese Europol, para poder investigar, ceder datos, esclarecer...” .
“Requiere una doble traducción, requiere un coste humano y también económico y prácticamente es ineficaz”, señala Alonso. Más allá de las complicaciones y tardanzas de las comisiones rogatorias internacionales, que los tribunales de un país se pongan en contacto con los de otro, está la diferencia en la legislación de cada estado. Un delito menor en algunas partes conllevan una multa y en otras, penas de cárcel.
Aunque los funcionarios deben estar reciclándose con asiduidad para estar al tanto de los métodos más novedosos de los delincuentes, las leyes no siempre acompañan o están al día. Cuando una organización no gubernamental pone en conocimiento de las autoridades que una plataforma aloja contenido pedófilo, a los policías no les resulta nada sencillo llegar a los autores de esas publicaciones.
“Todas las facilidades que se tiene a la hora de investigar los delitos de toda la vida, como puede ser con un vehículo, que hoy en día todos van con matrícula pero hace 100 años no, necesitamos años para que policial y judicialmente sea fácil cuando se sabe que se está cometiendo un delito, entrar directamente en un archivo policial y sacar qué titular hay detrás de una IP, qué domicilio”, lamenta Alonso.
Sus pesquisas, agrega el inspector jefe, están “totalmente fiscalizadas” y con la dirección IP no podrían acceder a conversaciones privadas, solo asociarlas al dispositivo. Del mismo modo que cuando un coche se salta los límites de velocidad, con el número de matrícula los agentes llegan al titular del vehículo. En la actualidad, requiere mucho más papeleo. “Mínimo un mes se nos va”, afirma el Félix Alonso
Una vez se obtiene la información que les dirige a una primera persona, llega la hora de que los agentes salgan a la calle. “Hay trabajo de campo no solo para las detenciones, una vez que nosotros ya hemos esclarecido. También para ver las zonas donde vive y si realmente es esa persona o es una interpuesta”, detalla Félix Alonso. “Siempre nos gusta que nos dé un poquito el aire”, admite con gracia Santiago González. El sospechoso podría no ser el culpable. Un familiar suyo, un compañero de piso o un amigo tal vez haya utilizado un mismo ordenador: “Requiere hacer seguimientos, esperas, verificaciones en domicilios, ver si es una persona física o no...” .
Aunque los agentes están parapetados detrás de las pantallas y de los documentos en papel, cuando para investigar una denuncia necesitan más información, entran en contacto con las víctimas, que acuden a facilitarles otros documentos. Y perciben los efectos que tienen esos engaños en sus vidas. “No es lo mismo cuando tienes una víctima delante”, argumenta Borja González.
Los agentes coinciden: las personas mayores son las más vulnerables y con la pandemia, que se intentan “defender” más con los dispositivos electrónicos, a menudo terminan cayendo en las trampas de los estafadores. En especial cuando viven solas. Y les conmueve sobre todo cuando estos fraudes minan la capacidad económica de las víctimas.
“Hay gente a la que le estafan dos, tres, cuatro mil euros y no le supone nada, y hay gente a la que a mediados de mes le estafan 50 euros y a lo mejor era lo que tenía para pasar el resto del mes”, ilustra Borja González.
Lo recomendable, añade, es separar “la vida profesional de la personal”, pero a veces es inevitable compartir en casa las visitas que más les han impresionado.
Las estafas en las compras por internet han aumentado, pero han bajado las relacionadas con alquileres debido a las restricciones de movilidad. Estos engaños se producen, sobre todo, en el sur de Andalucía y el Levante. “Se hacen muchas veces entre particulares y cuando llegan, ni existe el apartamento”, informa el inspector jefe de la UDEF, Félix Alonso. ¿Quién está detrás de estos anuncios en internet? “A veces, delincuencia común. Son los delincuentes que en un mercadillo antiguamente te vendían un vídeo vacío. Ahora no pueden salir, no hay mercadillo ni grandes aglomeraciones de gente y, entre comillas, se han reconvertido”, asegura Alonso. Resulta sencillo publicar un anuncio falso en el que se solicita una señal o una entrada de un apartamento que no es de la propiedad del que los escribe. Según refiere, en Ceuta el Cuerpo Nacional de Policía tiene una “efectividad bastante alta”: “Muchísimos delitos se mandan a plantilla y se hacen las detenciones”.
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