Categorías: Política

UDCE remite al Tribunal de Cuentas la lista de facturas de Gobernación

La UDCE ha remitido al Tribunal de Cuentas la documentación relacionada con los gastos llevados a cabo en la Policía Local y en Bomberos, y sobre los que la Ciudad llevó a cabo una auditoría concluyendo que únicamente existían irregularidades administrativas. Para el principal partido en la oposición, hay “anormalidades en el proceder del Gobierno de la Ciudad de Ceuta que está comprometiendo los recursos económicos municipales” indica en su escrito, que fue presentado ayer en la Delegación del Gobierno.
Entre los documentos que traslada la UDCE se incluye la petición de auditoría cursada por los sindicatos, así como los informes efectuados por la Ciudad y el listado de facturas de obras realizadas. Asimismo adjunta una carta en la que alude al cese del consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez.
“Un cese que en principio podría parecer que respondía a criterios únicamente organizativos o funcionales, pero que como posteriormente se evidencia, a través de informes técnicos, arrojaría una serie de anormalidades de las que ya alertaban las fuerzas sindicales de la Policía Local (CC.OO, CSI-CSIF y UGT) mediante una carta remitida al propio consejero cesado”, mantiene el partido. De esta forma contradice lo que siempre ha defendido el Ejecutivo: que la destitución del consejero nada tuvo que ver con la auditoría sino con un descontrol que se había detectado en la Consejería bajo su control.

Petición al Tribunal

UDCE señala al Tribunal de Cuentas que su petición de puesta en marcha de una comisión de investigación no fue atendida y que el informe llevado a cabo nace “viciado”, desde el primer momento “en que dichos informes son redactados por parte afectada en este entramado asunto”.
El principal partido en la oposición hace hincapié en que en las conclusiones se habla de “irregularidades administrativas” cuando existen “más de 30 contratos de suministro realizados por el ex consejero, siempre con las mismas dos empresas, y siempre por debajo de 3.000 euros para tramitarlos como un contrato menor”.
Con el envío del informe lo que pretende la UDCE es que el Tribunal de Cuentas acuerde “estudiar y fiscalizar” las obras ejecutadas y adopte una conclusión al respecto. El paso dado por el partido atiende la advertencia que ya en rueda de prensa hiciera público el portavoz del partido.

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