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El TSJA da la razón a UGT en el ‘caso del oficial mayor’ anulando el acuerdo del Gobierno

El sindicato critica que el Gobierno haya pretendido "poner al frente de una responsabilidad tan importante" a personas que carecen de una "adecuada cualificación profesional"

El recurso que interpuso la Ciudad a la anulación del acuerdo por el que se clasificaba en la plantilla el puesto de "oficial mayor" reservado a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional para "garantizar el apoyo y la colaboración inmediata al servicio de Secretaría de la Ciudad Autónoma de Ceuta", cuya provisión será de "libre designación", ha sido tumbado por el TSJA. Así lo han anunciado desde UGT, cuya Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha salido victoriosa ante la negativa a este recurso contra la sentencia del 26 de febrero de 2018, relativa a lo acordado en un Consejo de Gobierno en el año 2015.

Desde la sección sindical entienden esta resolución como un "éxito" de los Servicios Jurídicos que encabeza el letrado Ramón Lladó. Critican que el Gobierno haya pretendido "poner al frente de una responsabilidad tan importante" a personas que carecen de una "adecuada cualificación profesional" para desempeñar estos puestos de habilitación nacional. Los dos puntos clave de esta sentencia del Contencioso nº 1 de Ceuta, que ha sido ratificada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, son reproducidos a continuación:

1. Que no se puede rebajar a tercera categoría el puesto de Oficial Mayor, ya que Ceuta es un Ayuntamiento de primera categoría, para dárselo a una persona cuya cualificación profesional es para poblaciones inferiores a cinco mil habitantes.

2. Que tampoco se puede sacar este concurso a libre designación, ya que no existen motivos para hacer uso de este sistema rigurosamente excepcional, supeditado a que se acredite el carácter directivo de sus funciones o la especial responsabilidad que asume respecto al puesto.

El informe del Tribunal de Cuentas, explican, "vuelve a insistir en la necesidad de cubrir los puestos de Secretario General e Interventor". Unos puesto de trabajo a los que atribuyen el haber estado más de "veinte años" ocupados de manera "fraudulenta". "Esperamos que no tengan la osadía de seguir gastando los recursos del contribuyente en acudir al Supremo por casación", han señalado.

"Por tanto, desde ya, urgimos a la Delegación del Gobierno en Ceuta, para que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ponga fin a esta ominosa situación y se convoquen de forma urgente los concursos correspondientes y no estas pachangas a medida de sus conveniencias", sentencian.

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