El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado que las indemnizaciones por residencia que establecía el apartado 29.5 de los Presupuestos de la Ciudad son “contrarias a Derecho”. Así lo ha anunciado este martes Javier Varga, miembro de la Junta Directiva de
Ciudadanos (Cs) Ceuta, formación que
en mayo de 2017 presentó la demanda por la vía contencioso administrativa contra estas retribuciones. La Ciudad ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que lo dictado en la sentencia se paralizará hasta que se pronuncie el Supremo. Javier Varga, miembro de la Junta Directiva de Cs Ceuta, ha explicado durante la rueda de prensa que “la conclusión de esta sentencia es que hay que considerar estas retribuciones como pagos indebidos y por tanto reintegrables”. Si se acatase lo dictado en la sentencia, desde Cs se ha estimado que la cantidad total podría rondar el medio millón de euros de reembolso a las arcas de la Ciudad. Además, sería el propio Gobierno local el que decidiría quién debería ser indemnizado y la cantidad estimada en base a las dietas estipuladas en el artículo 29.5 de dichos presupuestos. En base a lo comunicado por el TSJA, ha explicado Varga, se entiende que es “aplicable la legislación estatal”, y no existiendo “ninguna normal legal ni reglamentaria previa que justifique con el argumento de la singularidad de la Ciudad estos gastos”, la considera contraria a Derecho. El gobierno de la Ciudad ya alegó la capacidad de “auto organización” para justificar estas dietas. “De este gobierno hay tres miembros afectados directamente, más los directores generales que estén en esa situación de servicios especiales”, ha añadido Varga. Se refiere al presidente, Juan Vivas; a la vicepresidenta, Mabel Deu, y al actual consejero de Sanidad, Javier Guerrero. Quedaría por concretar si afectaría a alguno de los miembros del equipo actual de Gobierno. Además, el integrante de Cs Ceuta ha señalado que estas retribuciones se llevaban aplicando desde el año 2001. No obstante, ha recordado Varga, como estipula la Administración Pública, “se pueden reclamar derechos con cuatro años de antelación, desde que se presenta el recurso en 2017”, lo que llevaría el abono de estas indemnizaciones desde 2013 hasta hoy, ya que también se aplicaría la sentencia desde 2017 en adelante, mientras se hayan seguido cobrando estas indemnizaciones. “Esta situación que nosotros no hemos buscado porque lo advertimos, afecta a varios gobiernos: a los gobiernos entre 2015 y 2019, es decir, al actual y al anterior porque como sabréis la administración pública puede reclamar sus derechos hasta con cuatro años de antelación. Estos derechos no dejan de ser de la tesorería de los ciudadanos de Ceuta”, ha continuado. En febrero de 2017 fue cuando la formación naranja presentó el recurso que dio comienzo a esta batalla legal. Varga, de igual manera, se ha mostrado “satisfecho” con la sentencia y ha concluido que “el diputado de Ciudadanos les salió rentable a los ceutíes”.