El Tribunal de Cuentas (TCu) ha remitido ya a las Presidencias del Congreso y del Senado su ‘Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta’ del ejercicio 2016, documento que también ha hecho llegar a la Administración local y a la Comisión Mixta de las Cortes para las Relaciones con el órgano fiscalizador, que en sus recomendaciones sobre la gestión de subvenciones insta a la Ciudad a “precisar con más detalle” en los convenios que suscribe con distintas entidades para la concesión de ayudas directas “los conceptos de gasto subvencionables”, así como exigir “estudios económicos que justifiquen los importes financiados”.
“Las deficiencias y debilidades evidenciadas en las actuaciones de comprobación de la justificación de las subvenciones analizadas exigen una evaluación de los procedimientos aplicados”, advierte el TCu, que también considera que “la imputación presupuestaria de las subvenciones y ayudas otorgadas debe registrarse de acuerdo con su naturaleza” y que “deberían incrementarse los controles financieros sobre las ayudas y subvenciones concedidas”.
El Gobierno local publicó en marzo del año pasado un Plan Estratégico de Subvenciones que establece que “con carácter general” se tienen que conceder “en régimen de concurrencia competitiva” pero que todavía contempla la concesión directa en tres supuestos: para “las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad”; para “aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal”; y, “con carácter excepcional”, para aquellas otras “en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras para las que quede debidamente acreditada la dificultad de su convocatoria pública”.
Entre las recomendaciones del órgano fiscalizador se encuentra, un año más, que “debería solicitarse nuevamente la provisión de los puestos de interventor y secretario de habilitación nacional para su inclusión en los concursos unitarios que anualmente celebra el Ministerio de Administraciones Públicas” y que “debería confeccionarse un Registro de Personal en el que consten todos los actos que afectan a la vida administrativa del personal de la Ciudad”.
También ve “recomendable” la elaboración de “manuales de procedimiento y normas de organización y funcionamiento especialmente en las áreas de Intervención y Contabilidad” e “incluir a todas las entidades participadas mayoritariamente por la Ciudad en los estados consolidados del Presupuesto”.
Sector público empresarial
“La Ciudad”, estima el Tribunal de Cuentas, “debería poner en práctica los Acuerdos adoptados por el Pleno para modificar los Estatutos de las sociedades municipales con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión económico-financiera realizada por la Ciudad”. Igualmente “se deberían revisar y clarificar los objetos sociales de empresas municipales que gestionan competencias de Urbanismo, Vivienda y gestión del agua con el fin de evitar duplicidades de actuaciones y competencias solapadas entre Consejerías y estas entidades, así como para que estas últimas reflejen los gastos totales de los servicios que prestan”.
El TCu estima que la Ciudad tendría que tener en cuenta en los Presupuestos “los compromisos devengados en ejercicios anteriores y no registrados por insuficiencia de crédito” y “establecer las medidas oportunas encaminadas a lograr que los gestores de la Administración cesen en la práctica financiera de aprobar modificaciones de crédito que no cuenten con la cobertura financiera necesaria de acuerdo con las correcciones y salvedades”.
Además, reclama “una práctica sistemática y periódica de revisión y control de los estados contables de la Administración General de la Ciudad y sus entidades dependientes”, así como “intercambio de información y conciliación de saldos con entidades financieras, deudores por subvenciones, acreedores y otras fuentes externas”.
Una plantilla “desequilibrada” entre hombres y mujeres
El Tribunal de Cuentas cree que la Administración General de la Ciudad “debería estudiar la aplicación de medidas para avanzar en la presencia equilibrada de mujeres y hombres dentro de su estructura de personal”, así como “elaborar la documentación pertinente sobre el impacto de género en la definición y presupuestación de las políticas públicas”. En su último informe explica que la distribución de efectivos en el ejercicio analizado “refleja un porcentaje de hombres y mujeres del 69% y del 31%, respectivamente”, por encima de la “composición equilibrada” que dispone, en la legislación vigente, “que las personas de cada sex no superarán el porcentaje del 60% ni serán inferiores al 40%”.
Los referentes:
Personal: Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Frente a la histórica demanda del TCu para que se elabore, como exige la Ley, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la Ciudad, el Gobierno ha rebatido que “ya se ha procedido a la elaboración de un documento que incluye una relación de puestos comprensiva de su código, denominación, número total, grupo y nivel, así como de sus características”. Ahora “es intención de la Administración y de la parte social proceder a la constitución de la Comisión Técnica de Valoración de los Puestos de Trabajo de la Ciudad”.
Examen: Asignaturas “pendientes”.
El Tribunal lamenta que la Ciudad no ha implementado “la mayor parte” de las recomendaciones que se le han dirigido, sobre todo “las referentes a la adopción de medidas para subsanar la existencia de numerosas deficiencias de índole contable”.
Mejoras: Peticiones atendidas.
El órgano fiscalizador valora que en la Ciudad “se ha avanzado en lo referente a la formulación, rendición y contenido de las cuentas anuales de las entidades dependientes y en la liquidación de sociedades municipales inactivas”.
FPAV, FFCE, superior categoría, temporalidad...
El TCu destaca en su dictamen que un 5% de la plantilla de la Ciudad desempeñó el año estudiado puestos de superior categoría con remuneraciones acordes en el marco de “una práctica habitual y permanente que además de suponer una importante carencia y debilidad en la planificación de los recursos contraviene el carácter coyuntural y accidental establecido para dichas retribuciones”. El Gobierno local ha asegurado en sus alegaciones que apuesta por reducir esos casos al mínimo posible. También ha vuelto a observar “la ausencia de una planificación estratégica” en la gestión de las subvenciones y ayudas públicas. En la Brigadas Verdes las explicaciones de la FPAV sobre el número de contratados y sus pagos no han convencido al Tribunal y en el convenio con la Federación de Fútbol se aprecia que “no se han definido con claridad los gastos subvencionables”. En las ayudas directas extraordinarias de carácter social gestionadas por los Servicios Comunitarios se ha detectado la existencia de gastos “no justificados” por importe de 4.000 euros sin que conste el inicio de “ningún procedimiento de reintegro” por parte de la Consejería de Asuntos Sociales competente en la materia.