El Tribunal de Cuentas ha decidido fiscalizar el uso dado durante los años 2018 y 2019 a las ayudas públicas con las que el Ministerio de Fomento subvenciona el 75 % del coste de los billetes aéreos para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en vuelos dentro de España.
En el programa de fiscalización que aprobó el pasado día 19 de diciembre, el propio Tribunal de Cuentas detalla que, por iniciativa propia, añade a su trabajo habitual un estudio sobre esas ayudas al transporte aéreo.
Esta decisión coincide con las quejas manifestadas por varios colectivos sociales, a las acabaron sumándose los gobiernos autonómicos afectados, sobre la subida que han registrado los billetes aéreos entre la península y las islas desde que el Estado decidió elevar la subvención del 50 al 75 % del coste final, que en teoría debería haberlos abaratado.
De hecho, y como medida para presionar al Gobierno con el objetivo de que actúe para controlar posibles abusos en los precios de los billetes, el Gobierno de Canarias decidió este 19 de diciembre anunciar que organizará una "Cumbre" con los de Baleares, Ceuta y Melilla para tomar medidas conjuntas que después se trasladarían al Ejecutivo.
En febrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, sugirió en una comparecencia ante el Parlamento de Canarias que subir las ayudas podía estar provocando un efecto contraproducente y no abaratar los billetes, sino beneficiar a las aerolíneas.
"Los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas, eso pasa siempre, ustedes sabrán por dónde quieren ir, eso es el abc de esta historia", dijo Marín.
De acuerdo con los presupuestos generales de 2018, que se prorrogaron en 2019, el Estado destina cada año 382 millones de euros a subvencionar ese tipo de billetes, para compensar a los residentes en territorios no peninsulares los costes de la lejanía.
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