El Tribunal de Cuentas, ¿decepción o corrupción?

Este Tribunal (TCu en adelante) siempre me ha decepcionado ,siendo el más cercano a la Hacienda Pública me ha parecido un tribunal inútil; de hecho solo 6 estados de la UE tienen TCu: Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica y España, y aquí es la institución que más competencias tiene sobre el control del gasto público y el que menos control ha ejercido, a pesar de sus amplias funciones y su extensión territorial, con dependencias en todas las regiones que posteriormente han devenido en los distintos consejos de cuentas de las distintas autonomías que a modo de tribunalillos de cuentas solo han servido para colocar amiguetes. Se me dirá que el TCu, en contra de lo que sucede en el resto de tribunales de cuentas regionales, tiene un cuerpo funcionarial de gran categoría y donde el acceso a los distintos cuerpos de esa institución no es nada sencillo, todo lo contrario , es extremadamente difícil, pero no así en su cúpula, de nuevo politizada y hagan lo que hagan los funcionarios del tribunal, en los asuntos importantes los que deciden son los doce Consejeros (6 por el Congreso y 6 por el Senado, elegidos por mayoría de 3/5 y por 9 años de mandato y mismo estatus de inamovilidad que los jueces) que se reparten los dos partidos políticos mayoritarios, que salvo raras excepciones son legos en la materia, y todos suelen obedecer a su amo y como diría el ínclito Maniquí con la desvergüenza que le caracteriza, ¿de quién dependen los Consejeros del Tribunal de Cuentas , pue eso? Este tribunal ha sido especialmente criticado en su función de inspección de cuentas de los partidos políticos. En 2012, cuatro años después del escándalo del caso Gurtel de financiación ilegal del PP el TCu no había entregado todavía el informe de la Contabilidad del año 2007, cuando la mayoría den los delitos fiscales prescriben a los cuatro años.

Sin embargo es el tribunal que tiene más posibilidades de controlar la actividad económica del sector público y de ser oído por la sociedad española, de hecho es el único que tiene acceso al Parlamento, lo que no ocurre con los órganos de control interno, al ser la única institución de control que aparece mencionada en la Constitución Española, que en su art.136 nos dice que: “El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público” . No es un órgano integrado en el poder judicial sino en el poder legislativo al depender directamente de las Cortes Generales ejerciendo sus funciones por delegación de ellas, que al estar conformadas por los políticos de turno, no pondrán el celo suficiente sobre este tribunal para que le informe de las malversaciones de fondos públicos, defraudaciones y todo tipo de corrupciones del sector público fundamentalmente referentes a los partidos políticos o relacionados con sus dirigentes. Todas las cuentas del sector público son enviadas a este tribunal que , como máxima función, elabora cada año un informe a las Cortes comunicando cuando proceda, las infracciones o responsabilidades en que a su juicio, se hubieran incurrido. El TCu es un órgano fiscalizador externo a la Administración General del Estado y examina los actos económico administrativos una vez estos se hayan realizado, lo que se denomina en el argot: fiscalización ex post, ello incide en su lentitud y a veces en la prescripción de lo actuado.

Con ese potencial funcional como función fiscalizadora, como sometimiento de la actividad económica financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera-economía, eficacia y eficiencia- y jurisdiccional ,naturalmente que puede ser muy útil, pero se ha empeñado en ser inútil, al estar marcando el paso del partido político gobernante y por tener en su cúspide consejeros no aptos para esa función, ni por sus conocimientos y sí por su apego al poder, el sillón. Naturalmente hay excepciones, pero si ustedes recuerdan algún hecho notable por el que se recuerde una actuación de este tribunal, por favor publíquenlo. Lo ocurrido en el último pacto de los partidos políticos PSOE y PP, que guardan las esencias de la corrupción, es transparente, es decir se ve la corrupción a las claras.

Antes del pacto político PSOE-PP para la renovación de consejeros en el TCu, se había elaborado un auto por la Sección de Enjuiciamiento en el que se rechazaba que el Instituto Catalán de Finanzas pudiera avalar las indemnizaciones que, en su caso, pudieran recaer sobre los encausados en el “procés”-golpe de estado- por las ilegalidades incurridas en la gestión de fondos públicos en el procedimiento de responsabilidad contable incoado por los gastos generados por la Generalidad para su acción exterior y los vinculados al referéndum ilegal de 1 de Octubre de 2017 ,cuando el gobierno catalán debería haber velado por sus recursos e intentado recuperar lo gastados sin justificación. En ese auto la presidente del tribunal Doña María Enriqueta Chicano, no había emitido objeción alguna. Consumado el pacto y tomado posesión de su cargo los nuevos consejeros, la amiga Enriqueta ha cambiado su posición y nos ha dicho que “La Generalidad tiene derecho a no sentirse perjudicada por los gastos del ”proceso”-golpe de Estado- Hay Enriqueta, Enriqueta, o sea que habiendo más de 5,8 me sin justificar en la actividad exterior de la Generalidad, creándose un sistema de organismos con autonomía financiera-“embajadas” o mejor “catajadas”- y el consorcio Diplocat para poder realizar gastos sin someterse a ningún tipo de control, con un gasto por parte de las delegaciones en el exterior de más de 27 me en actividades que en su mayor parte tuvieron por objeto promocionar la independencia de esa región y con otro de Diplocat de casi 16 me en esos mismos fines y teniendo en cuenta que la acción exterior compete exclusivamente al Estado, por lo que todo gasto producido en ese ámbito es ilegal, lo que dio lugar a la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable, teniendo en cuenta que la función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran los que tienen a su cargo el manejo de fondos públicos siempre que se haya producido un perjuicio o menoscabo en los mismos, y con todo esto ¿la Generalidad no ha sido perjudicada?¿O quiere decir que ese desfalco lo repone la Generalidad vía Instituto Catalán de Finanzas y aquí paz y después gloria? No se puede aceptar el párrafo de Enriqueta al defender que la Generalidad tiene derecho a no sentirse perjudicada por los gastos del proceso--golpe de Estado- teniendo en cuenta la sentencia del TC que declara en relación con la ley del parlamento de Cataluña16/2014 de acción exterior y relaciones con la UE “la Generalidad de Cataluña carece de competencia para llevar a cabo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación o la soberanía de pueblo alguno, por cuanto este tipo de reconocimiento solo pertenece al Estado español” .El cierre de Diplocat y las catajadas vinculadas al ejercicio de la actividad ilegal en pro de la secesión de Cataluña, y por tanto en contra de España , fue avalado por sentencia del TC. Así mismo, la política exterior de acuerdo con el art. 97 de la CE corresponde al Estado, no siendo Cataluña sujeto de Derecho Internacional, no cabe pretender que el gobierno de esta autonomía se arrogue la capacidad de establecer relaciones reservadas al Estado y por lo tanto todo lo gastado en una materia en la que no tiene competencia es ilegal.

En sede parlamentaria Enriqueta manifestó respecto a la revocación de la inadmisión de los avales que "dicha decisión era una buena muestra de que no existe unidad de criterio en el TCu y que las decisiones que adopta a unos les parecen bien y a otros mal"

Los nuevos consejeros son legos en materia contable de acuerdo con su huella administrativa. Diego Íñiguez Hernández director de recursos humanos y gestión del talento en Paradores pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado sin preparación en materia auditora en su oposición ni en su trayectoria, lego por tanto en la materia, Magistrado zapateril por el 4º turno, es decir digital criterio y sin estudiar la oposición, antes jefe de gabinete de la ministro de defensa que tanta gloria da a este país, por lo que pudiera estar inmerso en los supuestos del art.33.3 de la ley orgánica de la institución lo que le invalidaría para ocupar el cargo al haber gestionado fondos públicos o haber pertenecido al consejo de administración de un organismo o sociedad pública en los dos últimos años. La otra consejera Rosario García Álvarez, 27 años en la carrera judicial lega en la materia de contabilidad. Su única aportación es ir a la Sección de Enjuiciamiento y estar dispuesta a cambiar el dictamen para corregir la redacción del auto de ejecución que la Sección de Enjuiciamiento había preparado para rechazar los avales que presentaba el Instituto Catalán de Finanzas propuesto por la ponente , Rebeca Laliga, contraria a que las fianzas se avalen con dinero público lo que ahora, tras la nueva savia, ha sido rechazado por el resto de miembros de la Sección de Enjuiciamiento, por lo que se debe redactar una nueva ponencia que será redactada por la Consejera del Departamento primero de Enjuiciamiento, sin olvidar que sobre el inicial auto sobre responsabilidad contable la presidente no emitió ningún voto particular, votando a favor de su aprobación. Su único esfuerzo consistió en retrasar la publicación del informe.

¿Por qué ha cambiado de opinión doña Enriqueta, y con ella toda su corte, después del cambio de consejeros, e incluso con cierta urgencia? La corrupción desde la génesis en la formación del gobierno con partidos contrarios al gobierno de España, consigue ser transmitida a todos los órganos con lo que se relaciona a modo de metástasis corruptiva. Así la Fiscalía General del Estado con la anterior ministro de Justicia presenta claros síntomas diarios de su corrupción. Ahora toca el TCu que con una resolución aberrante ocurrida justo en el cambio de consejeros de esa institución permite que sean fondos públicos los que avalen acciones ilegales que han devenido en malversación o defraudación. Lo ocurrido solo es la prolongación de los indultos, lo primero fue la vía penal y lo segundo la cuestión pecuniaria vía TCu, así a los golpistas les sale el golpe de estado absolutamente gratis y son los españoles los que pagamos todo el destrozo, y parece que además hemos de estar agradecidos.

En sede parlamentaria Enriqueta manifestó respecto a la revocación de la inadmisión de los avales que “dicha decisión era una buena muestra de que no existe unidad de criterio en el TCu y que las decisiones que adopta a unos les parecen bien y a otros mal”. Desde que se ha renovado parece haberse abierto la puerta para ir en contra de sus propios actos y en tener un criterio y el opuesto en función del interés puntual del momento. Aún no es conocida la sentencia que la jurisdicción del TCu ha dictado para revocar la inadmisibilidad de los avales presentados por el Gobierno catalán contra el criterio inicial de la instructora, aunque pudiera ser que el Decreto de creación de esos avales no fue recurrido. A la vista es inevitable pensar si seguirán la misma suerte las sentencias condenatorias (más de siete) dictadas en esa misma Sección en el caso de los ERES andaluces y que son susceptibles de apelación. Me temo lo peor.

¿Cuál es el premio para el PP por haber aceptado tamaña ignominia, después de largo tiempo censurando el procedimiento y bloqueando la renovación del CGPJ? Habiendo sido expulsado el tándem dirigente del PP habrá que esperar para saberlo, pero seguro que no es nada edificante. Finalmente el que ha salido perjudicado, como siempre es el propio Tribunal de Cuentas que lo tiene merecido por no haber sabido arrogarse en defensa estricta de las funciones que le señala la Constitución Española. También, como siempre, pierde la sociedad, es decir, todos nosotros.