Su presidente expone en el Congreso el resultado de la fiscalización de las cuentas de Ceuta y seis autonomías más
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, criticó ayer el uso excesivo de las comunidades autónomas de la encomienda de gestión “para suplir carencias de personal”, ya que se puede incurrir en supuestos de “cesión ilegal” de trabajadores. En una comparecencia en el Congreso, en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda informó de los resultados de fiscalización relativos al sector público autonómico y al uso de la figura de encomienda de gestión en la contratación pública en cinco comunidades (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia), además de Ceuta y Melilla, que carecen de Órganos de Control Externo (OCEX) propios.
En 2013, se efectuaron en el ámbito autonómico 2.132 encomiendas a medios propios por un importe global de 1.664 millones de euros y el informe del Tribunal de Cuentas ha examinado el 59 % del total.
Según este Tribunal, existe “cierta confusión” entre las encomiendas de gestión reguladas en la legislación sobre contratación pública y, en un gran número, la finalidad perseguida con su uso ha sido satisfacer, con carácter permanente, carencias estructurales de plantilla.
Además, según el informe y con carácter general, se observa “ausencia de previsiones específicas” sobre el control de la actividad encomendada.
El informe también cita a la empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa) o la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa), donde las encomiendas de gestión se utilizan como “medio para todo”. Respecto a la subcontratación con terceros de las actividades encomendadas, Tragsa ha incumplido los límites en el 25% de los expedientes verificados mientras que Segipsa ha contratado con terceros el 70% de los expedientes analizados mientras que en Red.es, entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el porcentaje subcontratado fue del 95%.
El informe también recoge una propuesta de moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el uso de las encomiendas de gestión por las administraciones públicas.
Entre las propuestas de esa moción destaca la regulación de las encomiendas a medios propios mediante una norma con rango de ley que incluya una denominación específica que evite confusiones.
También insta a evitar su uso para suplir carencias de plantilla y recomienda regular su régimen económico y establecer un límite legal a la subcontratación.