De la Audiencia a los Penales: la pesadilla de los problemas técnicos en justicia

Problemas con la grabación han provocado retraso de más de hora y media en el reinicio de la sesión que se sigue en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta contra un docente por una presunta agresión sexual a menor, cuando trabajaba en el colegio Ramón y Cajal. Los fallos se han detectado cuando comenzaban las declaraciones por videoconferencia de policías nacionales que intervinieron en este caso. Es entonces cuando se ha alertado de que la grabación no podía realizarse, lo que ha llevado a tener que parar el desarrollo de la vista judicial y tomar la decisión de trasladar al tribunal de la Sección VI a las dependencias que se utilizan para los juzgados de lo Penal 1 y 2.

Se vuelve a repetir la escena que ya se produjo durante la celebración de otra vista judicial en la Audiencia hace unos meses, y afloran de nuevo las quejas por los fallos que de manera intermitente suelen producirse en las instancias judiciales hasta el punto de poner en riesgo la continuación de las vistas judiciales, con el perjuicio que esto provoca para la Justicia en general y para el impacto que la misma tiene en el ciudadano.

No es algo aleatorio. El Ministerio, del que depende Ceuta, está informado de lo que aquí sucede pero aún así no se ponen remedios permanentes en el tiempo. En los informes que a modo de memorias realizan las distintas instancias judiciales ha quedado reflejada esta problemática que, en la tarde de este martes, ha vuelto a ponerse de manifiesto. Por parte del presidente de la Sala, Fernando Tesón, se ha dado a conocer la queja por no tener con quién comunicarse cuando se suceden problemas informáticos.

El tribunal del máximo órgano judicial en la ciudad ocupa la sala del Juzgado de lo Penal para evitar así tener que suspender la vista prevista esta tarde, cuando están llamados a declarar policías nacionales en calidad de testigos. Para el miércoles han quedado señaladas las testificales de psicólogos y forenses, mientras que la del propio acusado, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel, de acuerdo con la calificación inicial presentada por el Ministerio Fiscal, se ha producido finalmente este martes por la tarde.