La Memoria 2016 del Defensor del Pueblo recoge el cambio de la orden de servicio de la Jefatura Superior ceutí
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó ayer a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la Memoria 2016 de la institución en el que se recogen todas las quejas recibidas y el trámite que la institución les ha dado. En el caso de Ceuta, cabe recordar, es de las regiones en las que menos quejas se presentaron, un total de 43. Entre ellas, destaca la denuncia que de la que se hizo eco este periódico sobre la puesta a disposición judicial de los detenidos en la Jefatura Superior de Policía. La queja indicaba que los traslados de los detenidos al juzgado únicamente se producían por las mañanas, y nunca por las tardes o los domingos y festivos “salvo que les cumpla el plazo de detención o por decisión directa del juez de instrucción”.
Pues bien, la orden de la Jefatura se cambió tras la recomendación del Defensor del Pueblo con la orden de servicio 79/16 según la cual, “los domingos y días de fiesta en los que no se prevean traslados ordinarios el jefe de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano pondrá en conocimiento telefónico del juez de guardia los motivos de la detención y los datos de filiación de quienes han de pasar a disposición judicial, con el fin de que la autoridad judicial pueda resolver lo más procedente, quedando la comunicación telefónica registrada en el libro de telefonemas para mayor garantía”.
Se trata de un cambio propiciado por lo que ya denunciaron los sindicatos y organizaciones policiales ante una orden que, según explica el Defensor del Pueblo en su Memoria, no es acorde al artículo 17.2 de la Constitución que dispone que la detención preventiva no puede durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.
Además, Becerril menciona la doctrina del Tribunal Constitucional establece que las detenciones deben prolongarse el tiempo “más breve posible” en consonancia con la normativa europea “que exigen que el detenido sea conducido sin dilación ante la autoridad judicial”.
Del total de las quejas que el Defensor del Pueblo recibió en 2016 desde Ceuta, 43, la mayoría de ellas están relacionadas con la inmigración (17), siete con la Administración de la Justicia, cinco con el empleo público, cuatro con educación, tres con asuntos de Interior y otros tantos con el urbanismo. La actividad económica, la vivienda y la cultura son los motivos del resto de quejas interpuestas ante la institución.
Inmigración La Memoria 2016 también recoge los datos facilitados por el Ministerio de Interior respecto de los resultados de la presión migratoria en nuestra frontera sur. Lamenta no disponer de los datos absolutos de 2016 y sólo se haya trasladado a la institución porcentajes que revelan, no obstante, que “los intentos de asalto a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla se han reducido un 67,8% y un 78%, respectivamente, las entradas a ambas ciudades por este método”.
Además, la institución que dirige Soledad Becerril refleja que en Ceuta ninguna de las peticiones de asilo y de protección internacional no se realizaron en la Oficina de Asilo del Tarajal. “En 2016, 224 personas solicitaron asilo en Ceuta, pero no en el puesto fronterizo”, señala la Memoria.
Las quejas por las llamadas ‘devoluciones en caliente’ son nuevamente motivo de atención del Defensor del Pueblo. De hecho la Memoria destaca que la mayoría de las quejas hacen referencia a esas devoluciones que impiden saber si los inmigrantes que tratan de entrar son menores de edad y si son potenciales solicitantes de asilo. “También se han repetido las quejas relacionadas con la demora en la llegada de los servicios de emergencia, lo que supone un riesgo para las personas que se encuentran encaramadas en la valla”, refiere la Memoria y el Defensor del Pueblo manifiesta su “preocupación” por estos hechos, como los que aún se investigan sobre un intento de entrada producido a las siete de la mañana en el perímetro fronterizo con personas heridas y encaramadas a la valla, si bien el aviso al 112 se produjo “una hora y cuarenta y cinco minutos después”.
La visita a Ceuta La Memoria 2016 del Defensor del Pueblo también recoge la visita que la propia Becerril realizó recientemente a Ceuta en la que pudo constatar las condiciones en las que se encuentra el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) actualmente saturado, muy por encima de su capacidad, que obliga a la instalación de tiendas de campaña en los terrenos aledaños al centro. Pero también recordó en el documento las carencias del CETI para los solicitantes de asilo así como las trabas que les impiden la libre circulación por el territorio nacional, pero no es el único colectivo. “Se ha llamado la atención sobre la falta de asistencia especializada al colectivo de solicitantes de asilo y, particularmente, a personas que presentan una especial vulnerabilidad. Adicionalmente debe recordarse que las autoridades policiales mantienen la restricción en la libertad de circulación de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido admitida a trámite por lo que no pueden salir de las ciudades autónomas, salvo que se autorice su traslado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras”.
Mal trato policial a un solicitante de asilo y problemas para inscribirse en el Padrón También relacionado con la Policía Nacional de Ceuta, la Memoria del Defensor del Pueblo recogió el expediente aún abierto de la denuncia de un ciudadano marroquí y solicitante de protección internacional contra la CNP que, según la denuncia, “fue abordado por varios agentes de la Policía Nacional, uno de los cuales le propinó tres bofetadas en la cara, le agarró de la chaqueta y le conminó a irse de la zona de ocio nocturno por la cual deambulaba”. Apartado específico hizo la defensora del Pueblo de las numerosas quejas que recibió desde Ceuta presentadas por extranjeros que no han podido empadronarse o han tenido dificultades para ello. “Hay que señalar las diversas quejas tramitadas con el Ayuntamiento de Ceuta por la interpretación que hace de la normativa que regula el padrón de habitantes ya que, en vez de esa, aplica el derecho civil de otro país, o no empadrona a los residentes en el CETI sin motivación alguna y sin ofrecerles los correspondientes recursos ni tampoco da de alta a los que tienen una tarjeta provisional de solicitante de asilo”. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha sugerido al Ayuntamiento que empadrone a los interesados cuando se compruebe que efectivamente residen habitualmente en los domicilios declarados en sus solicitudes y ello “aunque se pudieran encontrar en una situación irregular desde otros aspectos jurídicos”.