El pasado 20 de febrero la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la
Policía Nacional) coordinaba bajo el amparo del
Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta uno de los mayores dispositivos policiales jamás visto en el
Príncipe. El objetivo no era otro que hallar armas usadas en disparos contra agentes del Cuerpo y varios civiles que habían resultado heridos de bala. En base a ese fin se autorizó la entrada y registro en tres casas, una de ellas en construcción, además de una barraca, encontrándose una mínima parte de las armas que los agentes buscaban y que, presumen, fueron retiradas de los escondites antes del despliegue. Hallaron ropa, capuchas, munición, pero no lo que sospechaban que debían encontrarse. Solo una pistola marca Star, de calibre 9 milímetros, se salvó de ‘la quema’.
Dos horas antes de que la Policía llegara a una de esas viviendas objeto de registro se habrían sacado armas, algo que queda reflejado en una grabación interceptada por la propia Policía a uno de los investigados en la que se indica, textualmente: “No os preocupéis, soy aquel al que le han entrado. Se han llevado una polla, ahora he confirmado, en mi casa no se ha llevado nada, sus muertos. Me avisaron dos horas antes, lo vacié todo, les jodió y se fueron a por los chavales”. Esta es la persona a la que la UDEV estuvo buscando durante meses, y que finalmente ha sido arrestado en la Península en el marco de la Operación Perla Costa desarrollada a su vez por la Guardia Civil.
Durante ocho meses esta investigación ha permanecido bajo secreto de sumario, pero es ahora cuando el Juzgado ha acordado levantar parcialmente esa protección lo que ha permitido conocer el calado de unas investigaciones a las que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, y que no tienen por objeto dar solo con presuntos pistoleros implicados en lesiones sino llegar hasta la organización que, sospecha la UDEV, sostiene este combinado de extorsiones, disparos y amenazas.
Constan en los atestados las múltiples amenazas de muerte a los agentes
Los disparos acontecidos en los últimos meses que dejaron heridos de bala en el HUCE, vehículos tiroteados (el día de San Antonio) y que tuvieron como víctimas también a policías nacionales (tanto los disparos contra ellos en el antiguo Poblado Legionario como contra sus vehículos meses después) no son contemplados como hechos aislados, sino como casos enmarcados en una deriva delictiva en la que quedan varios implicados por detener. Una deriva que incluye atentados, pero también robos, extorsiones, atracos y quema de vehículos, amén de amenazas contra la integridad de la Policía tales como “lo siguiente es un tiro en la cabeza”, “a partir de ahora va a haber plomo, hijos de puta, os voy a matar, os voy a dar plomo. Iñaquis encapuchados” o “al final esto va a acabar como Colombia, todos con las corbatas colombianas”, se recoge en varios de los atestados incluidos en la causa.
Se estaría ante una organización criminal dedicada a un amplio abanico de hechos delincuenciales que han pasado por extorsiones en las naves del Tarajal, homicidios en grado de tentativa o robos con violencia, pero marcados todos ellos por una violencia extrema que se materializa en el empleo de armas de fuego.
Aquel 20 de febrero la Policía contó con decenas de agentes desplegados por toda la barriada del Príncipe, pero no se obtuvo el resultado material esperado para poder completar el puzle sobre el que llevan meses trabajando para dar no solo con las armas usadas sino también con la totalidad de los integrantes que podría formar parte de una red con tareas definidas y un reparto de funciones muy claro. Una organización en la que la Policía considera que asoman dos bandas rivales que hacen uso de medios de comunicación ajenos al teléfono para evitar que se intercepten sus conversaciones, cambiando continuamente de canales de intercambio de información. Integrantes además que tienen apoyos en Marruecos.
Posterior a esta intervención hubo más de la Policía, prácticamente hiladas con los sucesos con uso de armas de por medio que se han ido produciendo en la ciudad. Todas saldadas con el decomiso de armas, pero no las que, según la creencia de los investigadores, siguen ocultas. En abril la Policía Científica analizó otras tres armas intervenidas, resultando ser una detonadora, una carabina y una réplica de una mini uzi. Otra vez nada de lo que realmente esperaban y confiaban obtener.
Las investigaciones siguen abiertas, dibujándose un claro objetivo que no es otro que la búsqueda de pruebas que sustenten todas las sospechas que los agentes focalizan en personas marcadas como presuntos implicados en los episodios con armas de fuego que se han producido en la ciudad. Episodios en los que se pone de manifiesto dos grupos bien diferenciados y organizados sobre los que se apuntan todas las sospechas nacidas hasta la fecha de las distintas investigaciones puestas en marcha.
La Policía sabe que disponen de material armado, de hecho sus investigaciones van orientadas a desarticular organizaciones criminales y dar con los depósitos de armamento de todo tipo empleado no solo para saldar ajustes de cuentas entre ellos sino para garantizar la inyección económica necesaria para sobrevivir. Las emplean, creen, para los atracos violentos, algunos de ellos cometidos contra trabajadores del servicio público que son sorprendidos e intimidados de madrugada.
Las personas que hasta el momento han sido detenidas por su presunta relación con algunos de estos hechos objeto de investigación niegan esa pretendida acción delictiva o, sencillamente, se han negado a declarar. Pero la Policía sigue intentando dar con quienes alimentan unas prácticas delincuenciales que han dado lugar no solo casos mediáticos que han dejado cuantiosos titulares en prensa, sino otros que nunca han trascendido y que se han mantenido en la privacidad de víctimas que son incapaces de denunciar por miedo a su propia integridad.
Las amenazas están a la orden del día y más en aquellos círculos tan próximos que resulta difícil alejarse de cualquier venganza.