Los transfronterizos, pendientes del Estado de Alarma y el Tarajal

La Oficina de Extranjería de Ceuta cuenta actualmente en sus registros con 1.811 empleadas de hogar con permisos de trabajo en la ciudad vigentes y otros 249 trabajadores transfronterizos con autorización para desarrollar una actividad laboral en la ciudad autónoma, once por cuenta propia.

Para todos ellos, como para sus empleadores, la vida se paró hace casi dos meses, el 13 de marzo, cuando Marruecos cerró (casi) a cal y canto el Tarajal, al menos para la entrada en su territorio.

Es obvio que el número real de afectados por la clausura del paso fronterizo es muy superior. Procesa ha calculado que diariamente entraba en Ceuta “una población equivalente al 22% de la población total de la ciudad” y que de esas personas “más de 8.500” lo hacían “para realizar actividades con impacto en la economía de Ceuta, la mayoría de ellas sin contrato”.

¿Qué pasará con quienes lo hacían regularmente? Desde el punto de vista de la Oficina de Extranjería, de momento no ha sucedido ningún contratiempo irresoluble. Al contrario, con el Estado de Alarma en vigor, todos los plazos administrativos están suspendidos y la única incertidumbre radica en si este se disuelve y la frontera sigue cerrada.

Mientras no sea así, las personas a las que les haya caducado su permiso de trabajo en la ciudad no tienen nada que temer, y de hecho los Servicios Centrales del Ministerio han confirmado que la consigna será interpretar la normativa con toda la flexibilidad posible.

“Está establecido un plazo de renovación de 60 días antes o 90 después que empezará a contar cuando se levante el Estado de Alarma”, explica el director provincial, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha subrayado que la situación actual no supone la extinción de ningún contrato ni autorización de trabajo desde el punto de vista de Extranjería.

Las mayores complicaciones podrían ser, en su caso, para los “pocos” autónomos transfronterizos existentes, que sí están obligados a tener actividad profesional durante todo el ejercicio en territorio español para poder renovar su permiso el ejercicio siguiente.

Para los demás, en el caso de que la frontera demorase su apertura mucho más que el Estado de Alarma, conllevaría más papeleo.

Dos estamentos del Estado en el mismo plano

En la situación de los trabajadores transfronterizos entran en juego dos estamentos de la Administración, la Seguridad Social y Extranjería. En el contexto actual, desde el segundo apuntan que si la apertura de la frontera se demorase meses con respecto al levantamiento del Estado de Alarma, la mayor complicación a la que deberían enfrentarse los perjudicados sería, en el peor de los casos, más burocracia para volver a tramitar de inicio en lugar de como renovación sus permisos para trabajar en territorio español, ya que se exigen documentos penales o de residencia en la provincia de Tetuán actualmente imposibles de presentar.

El “despido” de empleadas de hogar, no permitido en este contexto

Según la Delegación del Gobierno, a la Oficina de Extranjería “no le corresponde decidir sobre despidos de empleadas de hogar transfronterizas”. Las personas que consideren hacerlo tienen que gestionar en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social “todo trámite de alta y baja en la misma”.

La institución de la Plaza de los Reyes ya ha explicado que “es una decisión voluntaria y personal del empleador” sobre la que la Delegación no quiere pronunciarse.

Además, ha avanzado que “las renovaciones posteriores”, en el caso de que la frontera vuelva a abrirse de algún modo, “se seguirán realizando conforme a la legislación vigente en materia de extranjería”.

Interpelada al respecto, la Delegación ha reconocido que “el despido está prohibido mientras dure esta situación” del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus.

“En circunstancias normales sería factible el despido, pero ahora se puede tramitar la baja en este periodo para que, cuando se normalice la situación, volver a la Seguridad Social a gestionar el alta sin más complicación”.

“Si se produce un despido ahora cabría que la trabajadora perjudicada acudiese al Juzgado de lo Social en su momento para plantear la correspondiente denuncia”, ha avisado.