Hasta 33 acusados
figuran en la bautizada como Operación Monte, desarrollada por la UDYCO de Ceuta en marzo de 2016 y con la que se desarticuló una trama dedicada al tráfico de
hachís escondido en camiones que eran introducidos en la Península. Entre la hilera de acusados figuran tres agentes de la Guardia Civil que se enfrentan a penas de 8 años de prisión -dos de ellos- y 18 -un tercero-. El
Ministerio Fiscal contempla la existencia en esta causa de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y privado o alzamiento de bienes, según la información judicial a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta.
Cinco años después de la cascada de arrestos llevada a cabo por la Policía, ya se ha notificado a las partes la calificación provisional de los hechos, distinta a la dictada y recurrida en 2018, ya que no contempla la existencia de un delito de cohecho al no constatarse indicios racionales de haberlo, según el auto que dictó la
Audiencia Provincial.
Considera el Ministerio Público que los acusados se pusieron de acuerdo para constituir una organización dedicada al tráfico de hachís con la que obtener un beneficio patrimonial ilícito. El negocio no era otro que el alijo y distribución de la droga, siendo controlado por los jefes o cabezas visibles de la estructura que operaban tanto en Ceuta como en Málaga. De acuerdo con las investigaciones de la Policía, esa organización venía actuando, al menos, desde 2016, dedicándose al tráfico de drogas así como “al reclutamiento de agentes de las fuerzas de seguridad” para, de esta forma, “asegurar su actividad”. De igual manera compraban propiedades para ocultar los ingresos derivados de ese negocio.
El Ministerio Fiscal mantiene que en Ceuta figuraba una parte de esa estructura con responsables e intermediarios, posibilitando el traslado del hachís procedente de Marruecos dentro de camiones, al disponer de una red de transportistas.
Tres acusados: son guardias civiles y están presuntamente relacionados con estos hechos
La organización consiguió mover varias partidas de droga. En ese negocio la Fiscalía incluye la intervención de camiones que partieron de Ceuta y lograron cruzar hasta Algeciras con toneladas de mercancía oculta. El 14 de enero de 2016 fue intervenido un camión con más de dos toneladas. Solo días después, el 21, la Policía supo que se había encargado otro pase de hachís usando el método del fondeo. Con apoyo de la Guardia Civil se detuvo a varios implicados y se recuperaron más de 160 kilos de droga.
El 24 de febrero, un mes antes del desarrollo de la Operación Monte, se interceptaba un camión con doble fondo en Algeciras con más de dos toneladas de hachís.
Considera la Fiscalía, sosteniendo su escrito de acusación provisional en las investigaciones policiales, que existía una organización en la que había quienes adquirían la droga y otros que se dedicaban a esconderla en Ceuta hasta que se preparaba la logística necesaria para el pase a la Península en camiones. Esos traslados debían “asegurarse” evitando que fuera interceptado el hachís por las fuerzas de seguridad para lo que era necesario conseguir que esos vehículos no fueran inspeccionados.
En ese rol es donde la Policía incluye a componentes de la Guardia Civil como presuntos implicados para conseguir la omisión del deber de control sobre los vehículos marcados, disponiendo de los cuadrantes de servicio.
Consta en las actuaciones que además uno de estos agentes habría informado vía Whatsapp sobre la situación judicial y policial de una persona que estaba siendo investigada por la Policía.
En cuanto a la “mecánica de la organización”, había individuos que “buscaban transportistas” y con “la información” obtenida, cuadraban las fechas de la llamada ‘ITV’. Con ese término se referían a la inspección minuciosa que supuestamente se le hacía con anterioridad al camión para que, después, embarcara como limpio pero en el fondo portara droga sin levantar sospechas.
2016, detenciones: en marzo se llevaron a cabo los primeros arrestos de la operación
La Fiscalía sostiene que la organización disponía también de vigilantes, son aquellos que se desplazaban en furgonetas circulando delante de los camiones cargados de droga para avisar si existía algún control con vistas a garantizar que el vehículo llegara al destino propuesto. Según el escrito de acusación provisional, la red disponía de una mecánica eficiente en la Península para la distribución del hachís y la captación de clientes, buscando transportistas que llevaran a Ceuta mercancía lícita como pañales o tónica buscando no levantar sospechas pero regresando después a Algeciras cargados de hachís.
Al margen del funcionamiento en torno al tráfico de drogas, asoman otros delitos como el de blanqueo de capitales, toda vez que se tenía que ocultar el origen delictivo del dinero.
En los registros llevados a cabo por la UDYCO en la vivienda de un matrimonio que figura en la causa como principal investigado se hallaron casi 40.000 euros en metálico, fraccionados en billetes de 500 a 10 euros y repartidos en dos cajas fuertes. En las investigaciones se concluye que “con la intención de justificar esa cantidad” se “simuló un contrato privado” para que dos personas hicieran constar que habían dado esos 40.000 euros “en concepto de señal para la compra de una vivienda de protección oficial” que disponía este matrimonio. Ese documento fue elaborado después de la detención del agente, por lo que la UDYCO apunta a que fue una operación orquestada para justificar un origen a un dinero obtenido de manera ilícita. A ese contrato se añadió una solicitud de autorización de compraventa de esa VPO elaborada ad hoc. Es por ello que Fiscalía entiende la existencia de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes que vincula a la pareja de compradores y al matrimonio investigado, al que añade una falsedad en documento privado.
Investigaciones de la UDYCO: considera que la organización trabajaba al menos desde 2006 en estas labores
Entre las artimañas para ocultar la procedencia del dinero figura la compra de cupones de la Cruz Roja a personas que habían resultado premiadas, para justificar así cantidades manejadas y de complicado origen demostrado.
Según el Ministerio Fiscal se puede confirmar la existencia de delitos de tráfico drogas que en algunos de los casos cuentan con la agravante de uso de embarcación o de cantidad de extrema gravedad. A esos delitos se suman los de blanqueo, falsedad de documento y alzamiento de bienes.
Según las acusaciones se solicitan distintas penas de prisión, desde los cuatro años y medio como mínimas para algunos de los acusados por tráfico de drogas hasta seis, ocho años y medio o 10 por ese mismo delito al incluirse agravantes.
Las peticiones aumentan en los casos en los que al delito contra la salud pública se añade otro de blanqueo, por el que se reclama la imposición de 5 años más. O el de constitución de organización criminal, con 6 años de petición de cárcel extra.
En los casos de los tres agentes de la Guardia Civil que figuran acusados en este procedimiento se añade a la petición de cárcel la inhabilitación durante 15 años para el desarrollo de sus funciones. A uno de estos componentes del Instituto Armado se le piden 18 años de prisión al considerarlo presuntamente relacionado con más de un delito: tráfico de hachís, blanqueo y alzamiento de bienes.