La empresa fue al Servicio Público de Empleo Estatal a buscar peones para su primera encomienda pero no pudo esperar “dos meses”
La Ciudad pide que como mínimo dé publicidad a sus procesos
Tragsa no seleccionó a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los más de 50 peones que ha incorporado para la ejecución de la encomienda de gestión de 'Actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad' que le ha encargado el Gobierno de Vivas por 1,54 millones hasta final de año. Esa fue su primera versión pero la Subdirección General de Prestaciones, Empleo y Formación de la Dirección Provincial lo negó categóricamente a primera hora de la mañana, cuando se encontró a decenas de personas ante sus oficinas.
La realidad, según fuentes conocedoras de todo el proceso, es que tres empleados del Grupo (el coordinador, el jefe de obra y un capataz, todos ellos adscritos a esta encomienda) visitaron el martes 20 de junio las dependencias del SEPE.
Su intención era seleccionar a unos 50 peones en base a dos filtros: que supieran “leer y escribir” y que hubiesen cursado alguno de los programas formativos del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 que imparte la Ciudad. Como no son del SEPE, en la Dirección Provincial expusieron que tal requisito “no se reconocía como mérito condicionante” y que la selección entre los aproximadamente 14.000 desempleados peones de limpieza alfabetizados existentes en sus bases de datos se demoraría unos 2 meses.
Como Tragsa esperaba recibir la encomienda en 48 horas, como sucedió el 22 de junio, la empresa plegó velas, renunció al SEPE y se centró en los “currículums” que había recibido hasta ahora en Ceuta, entre los que eligió a los contratados con una condición “inexcusable”, la de ser demandante de empleo como parado registrado.
“Tener que esperar dos meses hubiese supuesto paralizar el trabajo a realizar al menos durante un tercio del periodo para el que se nos ha encomendado”, alegaron las fuentes consultadas, que esgrimieron razones de “urgencia” para justificar su marcha atrás y de “malentendidos” para explicar el haber difundido una información errónea públicamente.
Para la próxima encomienda de ‘Manteamiento de espacios singulares, patrimoniales y turísticos’ que espera recibir, con más tiempo de margen, “se gestionará la selección de recursos humanos a través del SEPE”, procedimiento que también se piensa aplicar a cuantas se le endosen.
Fuentes del Gobierno de Ceuta recordaron que Tragsa no está obligada a recurrir al SEPE para seleccionar personal. El articulado de la encomienda señala que le corresponde “exclusivamente” la misión de escoger trabajadores "que, reuniendo la cualificación profesional necesaria para el correcto desempeño de las tareas encomendadas, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución” procurando “que exista estabilidad” y que las variaciones sean “puntuales” y “obedezcan a razones justificadas”.
No obstante, desde el Ejecutivo de Vivas se ha transmitido a Tragsa la solicitud de que en el peor de los casos, si no recurre al Servicio de Empleo Público Estatal, sí dé “publicidad” a cualquier proceso de selección de personal “para que todos los interesados puedan concurrir a él presentando sus currículums donde se indique que deben hacerlo”.
El Convenio Colectivo de Tragsa establece que “la contratación de personal se efectuará de acuerdo con la legislación vigente en la materia”, concretamente “previa convocatoria y proceso de selección de acuerdo a los principios de igualdad de mérito y publicidad, debiéndose establecer titulación requerida, aptitud y capacidad”.
El presupuesto, ligado a las ‘tarifas Tragsa’ Los “desorbitados” e “inexplicables” precios que, a ojos de Caballas, va a pagar la Ciudad Autónoma a Tragsa en concepto de personal y maquinaria durante el medio año que estará a cargo de la retirada de residuos en zonas de difícil acceso y la limpieza de algas de las playas, entre otras tareas, tienen su origen en las “tarifas Tragsa”, precios actualizados a mediados del mes pasado, justo antes de que el Gobierno de Ceuta le endosase la primera encomienda de gestión de calado. Así, que por un peón a jornada completa se vayan a desembolsar 3.500 euros al mes no tiene que ver, según las fuentes consultadas, con el Convenio Colectivo que regulará las retribuciones de los contratados aunque supuestamente así se calcularan, sino con el coste por hora asignado en esa tabla de precios públicos, en los que además de costes laborales y salariales se incluyen “gastos de material, seguridad... para los trabajadores”. No se tiene en cuenta, por tanto, que los salarios en Ceuta de cada peón vayan a ser “superiores” a los de otros puntos del país pero tampoco que aquí, por ejemplo, las cuotas empresariales a la Seguridad Social están bonificadas al 50%. La empresa obtendrá un beneficio de un 10% ó 15% de la encomienda.
El MDyC pide al Gobierno que imponga convocatorias públicas para parados
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se manifestó ayer en contra la aprobación de un “convenio marco” con Tragsa que sirva para “dar una supuesta legalidad a la contratación con esta empresa abusando de la encomienda de gestión”. Para los de Fatima Hamed un acuerdo así “no esclarecía los principales problemas que genera la contratación a dedo de esta empresa, que son su legalidad y la generación de empleo en nuestra ciudad usando unos fondos municipales que correspondería gestionar con unos criterios más locales que permitan afrontar el problema de desempleo y la cobertura de las infraestructuras necesarias para nuestras barriadas”.
Desde el MDyC se exigió al Ejecutivo ceutí “que imponga a Tragsa que el personal que deba contratar esté inscrito en las listas del desempleo de la ciudad y que se haga a través de una oferta pública para poder sacar a muchas familias de la situación en que se encuentran y para que el dinero de los fondos públicos de nuestro Ayuntamiento sirva para generar empleo en nuestra ciudad de una forma justa”.
El MDyC “rechaza” un convenio que “remarca el volumen potencial de medios personales y técnicos que el Grupo Tragsa pone a disposición de la Ciudad de manera inmediata y con el que se permite que pase a seleccionar a los desempleados sin una oferta pública a la que tengan acceso todos los ceutíes, con lo que se reproduce la red clientelar de la Corte de los Milagros de la UTE del Plan de Empleo Joven, en el que se seleccionaba sin ningún criterio objetivo a quienes elegía”.
Caballas da un ultimátum a Vivas
El líder de Caballas, Mohamed Ali, exigió ayer a Vivas que aclare todos los puntos del “escándalo” que a su juicio supone la primera encomienda de gestión de calado adjudicada a Tragsa por cómo se ha presupuestado y cómo se han cubierto sus necesidades de personal. Si no lo hace, sigue hacia adelante y paga, la coalición pondrá el asunto en manos de los Tribunales.
Ali envió una carta al presidente para dejar constancia formal de una serie de hechos relacionados con la encomienda de gestión adjudicada a Tragsa para el adecentamiento de determinadas zonas urbanas por un importe aproximado de 1,5 millones de euros que, desde su punto de vista, “tienen toda la apariencia de ser delictivos".
“La empresa ha contratado ya al personal previsto, aproximadamente sesenta personas, y ha comenzado a efectuar las tareas sin que se haya conocido ningún proceso de selección que respete los principios que la Constitución contempla como obligatorios para las administraciones públicas: publicidad, mérito, capacidad y libre concurrencia”, recordó el de Caballas, que hizo hincapié en que “una de las razones esgrimidas por su Gobierno para utilizar esta figura es que Tragsa tiene la consideración de medio propio, es decir, que debe actuar con sujeción a lo establecido para las administraciones públicas”.
El localista remarcó que, tras dar la voz de alarma el lunes, Tragsa afirmó que la selección de personal se había llevado a través del SEPE. “Aunque hubiera sido así”, dio por bueno la coalición, “se habría incumplido la ley, ya que el SEPE debería haber enviado tres aspirantes por puesto y una comisión de selección, aplicando criterios objetivos, haber elegido finalmente a los mejores candidatos”.
Sin embargo, “es peor”: “La propia oficina de SEPE ha desmentido rotundamente que haya tramitado ningún proceso de selección de personal para la empresa, por lo que estamos ante un caso de flagrante vulneración de la ley que perjudica a todas las personas que podrán aspirar legítimamente a estos puestos de trabajo”, alertó Ali, que ve en esta situación “varios interrogantes de indudable importancia como quién ha hecho la selección o qué criterios se han utilizado”. “Usted, señor presidente, tiene la obligación de ofrecer, cuanto antes mejor, una respuesta clara y convincente a la ciudadanía sobre esta situación”, reclamó dejando claro que “en caso de no producirse exigiremos responsabilidades ante los Tribunales de Justicia”.
La coalición también cuestiona que Tragsa pueda obtener un beneficio de entre el 10% y el 15% de la encomienda. “Esto en sí mismo un escándalo”, denunció, “porque nos preguntamos si los medios propios de la Administración pueden tener beneficios y, además, en el documento técnico que soporta la encomienda y en el que figuran los costes detallados no aparece tal partida, lo que quiere decir que estos se piensan obtener de certificar por encima del coste real facturado”.
“Dicho de otro modo”, simplificó Caballas: "Nos están avisando públicamente de que se van a malversar los fondos públicos y usted no puede permanecer impasible ante estos hechos que, en sí mismos, tienen toda la apariencia de ser delictivos”.
Ali mantiene que los costes calculados de personal y maquinaria "están extrañamente sobrevalorados”, por lo que “exige” al presidente “que aclare todos estos extremos”. “Si no lo hace, en cuanto se produzca el primer pago en estas condiciones lo pondremos en manos de la Justicia para que esclarezca las responsabilidades a las que hubiera lugar”, terminó.