Las brigadas de
La Ciudad Autónoma renueva cada ejercicio desde hace años un encargo al medio propio para que se haga cargo, con unos 60 trabajadores y dos millones de euros de contraprestación, de la recogida de escombros en volumen superior a 50 litros, la limpieza de polideportivos descubiertos, la recogida de residuos en zonas de parterres de difícil acceso, trabajos verticales (en taludes, acantilados y zonas de difícil acceso); la eliminación de residuos, conservación y protección medioambiental en las zonas fronterizas, así como la recogida extraordinaria de algas en las playas.
Con esta actuación, la Ciudad pretende “minimizar el impacto que produce en el medio ambiente las zonas degradadas, asumiendo las competencias medioambientales que tiene atribuidas, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, como derecho de todos los ciudadanos”.
Solo durante los cuatro meses posteriores a la avalancha de mayo del año pasado Tragsa desmanteló casi 140 asentamientos en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en el litoral y en zonas del Monte Hacho y García Aldave.
La administración autonómica entró en el accionariado de Tragsa en septiembre de 2017. Durante el año pasado Tragsa facturó a la Ciudad Autónoma trabajos por un importe de 7,7 millones de euros, un 0,7% del total realizado para el Estado y el resto de Comunidades.
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