El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, esta mañana en rueda de prensa.
Tragsa asumirá por medio de una encomienda de gestión la limpieza de los vertederos clandestinos así como el traslado de lo recogido. Esta es la decisión que ha dado a conocer el Gobierno hoy después de que la licitación del contrato previsto se haya demorado, lo que provocará que comience a ejecutarse en enero de 2018, según ha informado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel.
El contrato cubrirá desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 por valor de 4,2 millones anuales. Mientras no llegue ese plazo de inicio las tareas serán asumidas por Tragsa.
Por otro lado el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 70.000 euros para sufragar gastos de seguridad privada derivados del control ejercido en el ‘Tarajal II’.
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