Los objetivos “de control migratorio o de seguridad” son “los determinantes” en las fronteras de las ciudades autónomas.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha advertido al diputado socialista Salvador de la Encina y a otros dos congresistas del PSOE que “no es la normativa española la que regula el tamaño, peso y características del bulto que puede transportar una persona para que el Reino de Marruecos lo considere como bienes portados por un viajero a efectos de la aplicación de sus derechos de importación y del resto de tributos que pudieran exigirse”.
La iniciativa de los diputados socialistas buscaba información sobre “medidas para la eliminación de vulneraciones de derechos humanos que afectan a las personas que transitan por los pasos fronterizos, especialmente los de las ciudades autónomas y en concreto a las mujeres porteadoras” y sobre “actuaciones para la mejora de las infraestructuras de la frontera del Tarajal en Ceuta”.
En su respuesta, el Ejecutivo central ha repetido la información caducada que ya colocó a la senadora de Podemos Maribel Mora la semana pasada, en virtud de la cual el encargo del estudio de ampliación de la frontera todavía está “en fase de fiscalización”, algo desmentido por la Delegación.
Esta vez, además, profundiza en su visión del funcionamiento del ‘comercio atípico’ por el Tarajal y en Melilla, espacios en los que “la circulación de personas portando bienes se debe calificar como operaciones de viajeros en el marco de la legislación aduanera”. “Su control aduanero es el general aplicable a este tipo de tráfico y se fundamenta en técnicas de análisis de riesgo, ponderando el nivel de control derivado de tal valoración con las circunstancias concretas que concurren en cada paso fronterizo”.
Desde el punto de vista del Gobierno del PP, el tipo de tráfico transfronterizo que se realiza en los pasos de esta naturaleza de Ceuta y Melilla “es consecuencia de la legislación aduanera del Reino de Marruecos y de las prácticas administrativas de sus funcionarios en la parte marroquí”, sin que la legislación aduanera española o la actuación de los funcionarios que tienen encomendada su aplicación pueda “afectar a las condiciones en las que se desarrolla este tipo de tráfico”.
Sobre el diseño de los pasos fronterizos aduce que “los objetivos de control migratorios o de seguridad son los determinantes”.
Respecto a las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para abrir una aduana comercial en Ceuta con Marruecos, el Ejecutivo de Rajoy solo dice que las ciudades autónomas “tienen la condición de territorios francos desde 1955, no constituyendo parte del territorio aduanero de la UE”. “En este marco”, añade, “las funciones aduaneras son limitadas y están ligadas a fines estadísticos, de asegurar, en su caso, el control paraaduanero o de las exigencias que la normativa de la tributación local establece en relación con la entrada de las mercancías en ambas ciudades autónomas para asegurar su recaudación”.
La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma han tardado casi tres semanas pero finalmente han aceptado la petición de una reunión a cuatro partes que les pidieron a sus titulares, Nicolás Fernández Cucurull y Juan Vivas, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. El encuentro tendrá lugar el día 19 de este mes.
Patronal y representantes de los trabajadores analizarán la próxima semana la reacción de las instituciones después de que, ante su silencio, ya comenzasen a preparar un calendario de movilizaciones.
La CECE, CCOO y UGT quieren tratar directamente con los responsables de las instituciones el conjunto de medidas de ejecución “viable e inmediata” para intentar paliar las consecuencias del caos fronterizo sobre la actividad económica local y la vida cotidiana de los ceutíes.
Sin renunciar a grandes objetivos inalcanzables a corto plazo como tener una aduana comercial o la ampliación de la frontera, los agentes sociales consideran que se pueden tomar otras medidas para regular el tránsito fronterizo en general y el de porteadores en particular. Entre otras cosas proponen abrir al menos un nuevo paso por Benzú o la ITV, mejorar el embolsamiento de ‘coches-patera’, elevar el nivel de control del fraude fiscal...
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