Seis son las personas que figuran como procesadas en la investigación abierta por la
Guardia Civil tras la aprehensión, en mayo de 2018, de casi 40 kilos de
hachís repartidos en dos mochilas que fueron halladas en la azotea de una vivienda en Benzú. Ahí se inició una investigación que durante un tiempo estuvo protegida por el secreto de sumario y que dejó como detenidos al dueño de una moto de agua interceptada ese mismo día, a un joven supuesto poseedor de las mochilas con droga y a un agente de la Benemérita que tenía destino en las cámaras térmicas y que actuaba, presuntamente, en colaboración con pasadores de droga. Los delitos que se contemplan en este procedimiento instruido por el
Juzgado número 5 incluyen desde tráfico de drogas hasta pertenencia a grupo criminal, pasando por omisión del deber de perseguir delitos al de revelación de secretos y cohecho, según el rol que se le atribuye a cada una de las personas que fueron detenidas en los meses que siguieron al decomiso de la droga. De acuerdo con el auto que narra algunos pasajes de esa investigación y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, lo que nació siendo un servicio de hallazgo de hachís, desencadenado después de que una moto de agua fuera detectada a través del SIVE y terminara embarrancando en la playa de Benzú, dio pie a un operativo de mayor calado después del análisis de varios teléfonos móviles. Fue así como se llegó a una de las piezas clave de la investigación: el arresto del agente destinado en la Compañía de Seguridad Ciudadana al que apodaban ‘Rubia’, que tenía como destino el grupo de operadores de cámaras térmicas y al que se le acusa de “colaborar activamente y de forma prolongada en el tiempo” con las demás personas procesadas, “facilitándoles información sobre la situación de los agentes que presentaban servicio en la Guardia Civil, los operadores de cámaras térmicas, Servicio Marítimo, grupos rurales de seguridad GRS y servicio aéreo”.
Intercambio de mensajes
El día en el que se produjo la intervención que dio pie a este gran operativo consta en las investigaciones el intercambio de mensajes vía WhatsApp que tuvo con otro de los procesados, “dándole cobertura para llevar a cabo el transporte de la sustancia estupefaciente que se intervino, informándole de que había sido detectado por el COS de la Comandancia y del posterior dispositivo de vigilancia dispuesto por dicho servicio, dándole detalles de la ubicación de las patrullas que disponían de dispositivos de visión nocturna, llegando incluso a darle instrucciones para que se dirigiera a Marruecos”. Constan en las actuaciones cuantiosos contactos por mensajería así como detalles que al propio instructor le han llamado la atención como es el hecho de que un agente de la Benemérita, “que aparentemente no tiene ninguna vinculación con personas residentes en Marruecos, use un teléfono de una operadora marroquí, que puede usar en Ceuta bajo la cobertura de estaciones BTS”; pero no es menos llamativo que la tarjeta de prepago que se le intervino estaba a nombre de una residente en Marruecos. “Estas personas no son titulares de los teléfonos, ya que prestan su identidad para registrarlas en las operadoras y así poder activarlas y venderlas a personas que posteriormente las usan sin tener que facilitar su identidad”. El día de la intervención constan además llamadas muy cortas de tiempo entre algunos de los procesados, verificándose su relación.
La Defensa de uno de los procesados ha denunciado “agravio comparativo” al mantenerse solo a algunos en prisión
Hasta aquí la lectura de lo que se presenta como una investigación que tendrá que tener su resolución final en los juzgados, en concreto ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Pero hay otra historia paralela que tiene por protagonista a uno de los detenidos (el joven arrestado en Benzú al que se vincula con las mochilas halladas con droga en la azotea de la vivienda), cuya Defensa ha puesto de manifiesto el “agravio comparativo” que estaría sufriendo su patrocinado respecto de otros procesados, ya que permanece en prisión mientras que, en el caso del guardia civil, imputándosele más delitos que a su cliente, está en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde el pasado enero. En el recurso de reforma y apelación cursado contra el auto del Juzgado de Instrucción número 5, cuyo titular denegó la puesta en libertad este mes de febrero, la Defensa pone en valor una serie de argumentos para solicitarla, tales como el arraigo familiar y laboral además de los 9 meses y medio que lleva en prisión, recordando que la privación de libertad es “una medida cautelar y no una anticipación de la pena”. En este recurso la Defensa reclama que se aplique el mismo “trato”, algo que considera no se está dando por cuanto a su cliente se le mantiene entre rejas mientras que a procesados a los que se les imputa más delitos se les concede la libertad. Considera que no cabe riesgo de fuga, insistiendo en el “agravio comparativo” en el que se está incurriendo. De todos los detenidos solo su patrocinado y otra persona más permanecen en prisión sin fianza. En un auto desestimatorio notificado por la Audiencia este mismo mes de abril, el máximo órgano judicial en la ciudad deniega esa libertad argumentando que existen “indicios racionales” de criminalidad, considerando que sí hay riesgo de fuga dadas las penas a las que podría enfrentarse, rechazando por tanto la existencia de un agravio comparativo. A falta de vista oral, dos procesados siguen entre rejas, queda una historia por ser aclarada en torno a un submundo: el del tráfico de drogas, que busca en Ceuta el trampolín de salida desde Marruecos.