La concesionaria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos,
Trace, ya no contempla la posibilidad de rescindir su contrato antes de que expire, en febrero de 2023. La adjudicataria ha asumido, según fuentes de la empresa de toda solvencia, que no será posible llegar a un pacto económico satisfactorio para resolver su relación con
la Administración por la vía del mutuo acuerdo, así que cumplirá el compromiso adquirido en 2013, año en el que empezó, en febrero, a prestar el servicio: hacerlo durante diez años (prorrogables por otros tantos).
“Teniendo en cuenta que faltan tres ejercicios seguramente tardaríamos más en cumplimentar todos los trámites burocráticos y en intentar llegar a un acuerdo económico que en terminar el contrato, y el Grupo Makerel siempre cumple sus compromisos, aunque sea perdiendo”, han resumido la situación fuentes de la concesionaria del servicio.
Desde el Gobierno de la Ciudad las cosas no se ven tan claras todavía, al menos de puertas para afuera: “Todas las opciones siguen sobre la mesa porque los informes encargados al respecto todavía no han llegado y es lo que estamos esperando”, han apuntado desde el Ejecutivo local.
Los técnicos de la Administración cuantificaron a principios de este año a la luz de los expedientes para romper con Trace abiertos en otoño de 2018, como había acordado en septiembre el
Pleno y como pidió formalmente en octubre la concesionaria, en una cantidad “cercana a los 12 millones de euros” el coste al que podría dispararse para las arcas públicas un divorcio amistoso.
Aunque durante los primeros cuatro años de prestación el Gobierno no encontró mácula en el trabajo de Trace, entre el verano de 2017 y el del año pasado practicó durante más de doce años varias detracciones consecutivas por un importe de unos 4 millones. Otros tantos habría que sumar por “el valor pendiente de amortizar de las inversiones realizadas para la ejecución del contrato” y unos cuatro más por reclamaciones ligadas al alquiler de maquinaria al principio de la prestación, subidas salariales aplicadas desde 2013, etcétera.
Catorce meses del Acuerdo Plenario que instó a romper
El Pleno aprobó en septiembre del año pasado con los votos a favor del PP y Caballas y la abstención del PSOE y el MDyC instar al órgano de contratación a iniciar un expediente de rescisión del contrato de limpieza pública viaria y recogida de basuras ante la aparente imposibilidad de reconducir la situación y alcanzar cotas de limpieza similares a las de la época de Urbaser, "cuando teníamos la escoba de oro", según comparó Kissy Chandiramani, que sigue al frente de las competencias.
Detracciones, cumplimiento del pliego y alternativas de “mejora”
Trace pidió por escrito hace algo más de un año la rescisión del contrato del que se hizo cargo en febrero de 2013 por 150 millones de euros durante una década y por el que el año próximo recibirá, según el proyecto de Presupuestos de la Ciudad para 2020, más de 17 millones de euros.
Lo hizo acusando al Gobierno de Vivas de haber incumplido los términos de la adjudicación y amenazando incluso con emprender acciones penales por distintos delitos, entre otros el de prevaricación, contra los funcionarios que avalaron durante más de un año la detracción de cerca de 4 millones de euros en sus certificaciones.
La empresa entendía que el contrato firmado debe llevar aparejada una evaluación por resultados, por si la ciudad está o no limpia, y no sometido a un régimen que regula hasta cuántos barrenderos y dónde deben estar cada día.
“Existe un contrato y se está analizando su rescisión de mutuo acuerdo: si el informe dice que no se puede, veremos qué opciones tenemos”, elucubró en julio el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán. El Gobierno ha valorado todo tipo de opciones durante los últimos meses para intentar “mejorar” el servicio, desde encomendar su gestión a Tragsa durante los dos años que se demorase una nueva adjudicación hasta entrar en el accionariado de la concesionaria.