El fraude con las medidas del escudo social desplegado por las administraciones públicas para lidiar con la pandemia y sus consecuencias económicas, la más poderosa los expedientes de regulación temporal de empleo (
ERTE) ha sido mínimo en Ceuta, al menos el detectado. La
Inspección de Trabajo solamente ha impuesto dos
sanciones a otras tantas empresas, en ambos casos en 2020, por mantener trabajando a personas cuyos contratos estaban suspendidos. Cada una de esas multas se ha elevado ligeramente por encima de los 6.100 euros, según datos facilitados ayer por la Delegación del Gobierno a este periódico.
Además, la Inspección ha obligado a devolver las prestaciones recibidas a un empleado por cuenta ajena que fue pillado trabajando cuando, supuestamente, se beneficiaba de ayudas públicas por no poder hacerlo.
Ninguno de los autónomos que se han acogido a las medidas desplegadas por la administración para garantizar una parte de sus ingresos a los más perjudicados por las restricciones de actividad y movilidad ha sido expedientado por saltarse las condiciones en las que debía hacerlo.
La Inspección de Trabajo realiza en Ceuta controles “rutinarios” a “todas” las empresas que recurrieron a ERTEs.
Durante el primer estado de alarma con confinamiento domiciliario el número de trabajadores que vio sus contratos suspendidos o sus jornadas reducidas llegó a rondar los 3.000 y la cifra de empresas incursas en ese tipo de procedimientos superó el millar.
A finales de abril seguían en ERTEs 631 trabajadores de Ceuta, 500 con contratos suspendidos.
4.333 trabajadores ceutíes percibieron algún tipo de prestación social
La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió el pasado 30 de abril un informe sobre medidas frente al COVID-19 en la ciudad autónoma. En febrero, un total de 4.333 trabajadores ceutíes percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etcétera) por un importe total de 3,3 millones de euros. De ellos, 609 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 385.624,6 euros. Desde abril de 2020, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 43,2 millones de euros (de los cuales, 10,7 corresponden a ERTES), 12,4 millones más que en el mismo periodo del año pasado.