El Ministerio de Trabajo está evaluando en estos momentos toda la documentación relativa a la propuesta del incremento de las bonificaciones de la Seguridad Social hasta un cincuenta por ciento y su extensión a todas las actividades que fueron incluidas por la Ciudad Autónoma de Ceuta en el informe que remitieron hace un mes aproximadamente a Madrid.
Esta es la razón por la cual todavía no se han podido sentar a la mesa de negociaciones los grupos parlamentarios del PSOE y Partido Popular en el Congreso de los Diputados para diseñar la hoja de ruta que deberá seguir la citada proposición hasta que sea aprobada en la Cámara Baja.
Previsiones
A lo largo de este mes se había previsto que tanto el diputado ceutí, Francisco Márquez como la diputada socialista, encargada de los asuntos de Ceuta, Mamen Sánchez hubieran establecido los oportunos contactos para consensuar la propuesta, pero la última respuesta ofrecida por la parlamentaria del PSOE ha sido que habrá que esperar hasta después de las vacaciones navideñas para iniciar ese proceso dentro del legislativo, puesto que el departamento ministerial estaba ahora evaluando la norma.
No olvidemos que una de las cuestiones que ha de evaluar el Ministerio es el coste que la medida tendría para las arcas de la Seguridad Social.
Recordemos que el sí definitivo del Gobierno central a la propuesta que le envió la Ciudad Autónoma de Ceuta se produjo durante la visita que realizó el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a nuestra ciudad a finales del pasado mes de noviembre.
El acuerdo se centra en que deberá ser aprobado por las Cortes antes de finalizar el próximo año y luego entraría en vigor una vez que finalizara el período de vigencia de la actual prórroga. Además está previsto que el incremento entre el cuarenta y el cincuenta por ciento se haga de manera paulatina en tres años.
Serán un total de doce mil ceutíes los que se beneficiarán de la citada medida. Seis mil de ellos ya gozan de las bonificaciones al cuarenta por ciento, mientras que el resto serán los procedentes del sector servicios, salvo las exclusiones que ya se propusieron por parte de la misma Ciudad Autónoma de acuerdo con la Administración General del Estado en su momento.
