Con motivo del la próxima organización de los departamentos ministeriales que se tendrá que llevar a cabo con la configuración del nuevo Gobierno de la Nación, y la consiguiente promulgación de los Reales Decretos de Reestructuración y de Estructura Orgánica Básica de los diferentes departamentos ministeriales, que sustituyan a los actuales, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip) y
UGT han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dentro de sus competencias, entre las que puede crear, modificar o suprimir los departamentos que considere, considere en esta nueva etapa la adscripción de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.
“Respetando que el ius puniendi es competencia exclusiva del Estado, desde ACAIP-UGT demandamos considere la necesidad de ubicar el cumplimiento de las condenas, en el ámbito del Ministerio de Justicia, lo que entendemos sería una oportunidad de modernizar la Institución”, defiende esta organización en una solicitud remitida al presidente.
Recuerdan que la ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, “en absoluto”, una constante en España. Así, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante más de cien años. Así se continuó en la dictadura y también durante el gobierno de Felipe González, donde se creó el Ministerio de Justicia e Interior, en la que se situó al mismo nivel a la entonces denominada Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, junto a la Secretaría de Estado de Justicia y a la Secretaría de Estado de Interior, dependiendo todas ellas del ministro.
No fue hasta el primer gobierno de José María Aznar en el que se “rompió con la tradición española” al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria. Más allá de redundar en el tema de la “adscripción histórica” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia, desde Acaip-UGT Ceuta también entienden que para el mejor cumplimiento de los fines constitucionales de reinserción y reeducación de las personas privadas de libertad, las prisiones deberían estar bajo el control del Ministerio de Justicia “y no compartiendo Ministerio con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como modo de diferenciar claramente las funciones policiales con las tareas antes descritas de reeducación y reinserción”.
Es por ello que en esta solicitud aluden a las Reglas Mínimas Europeas del Consejo de Europa (versión 2006), en su Título V sobre Dirección y Personal, donde reza que “las prisiones deben estar bajo la responsabilidad de Autoridades Públicas y estar separadas de los Servicios del Ejército, de la
Policía, y de la investigación criminal”. Inciden en que la función de las prisiones es civil y no policial, por lo que, en lo que respecta a la separación de funciones, es importante, reiteran, que exista una clara separación organizativa entre la policía y el servicio penitenciario.
Por otro lado, opinan que desde el Ministerio de Justicia se puede tener una “mayor sensibilidad con la importante tarea que llevan a cabo los funcionarios de IIPP”. En lo que respecta a Ceuta, agrega el representante de esta central sindical, Mohamed Haidor, esperan que de ese cambio de ministerio sí llegue a producirse, y surgiera así “un mayor compromiso en la resolución de los graves problemas que aquejan a la prisión ceutí, ya de sobras conocidos, que no son otros que la carencia de personal derivada de la no aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo que permita el cumplimiento de las penas en condiciones dignas, al contrario de lo que ocurre en la actualidad”.
Haidor vuelve a denunciar que actualmente los internos están “hacinados en únicamente dos módulos residenciales abiertos, de los ocho existentes, a tope de su capacidad, sin respeto alguno a las normas de clasificación y separación interior de internos”, lo que deriva en que los trabajadores de la prisión de Ceuta, no puedan llevar a cabo su trabajo dignamente, tal como esperaban al abandonar el vetusto Centro de Los Rosales.
Las claves
Historia: Adscripción a Justicia durante más de 100 años La ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en España. Así, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante más de cien años.
Permanencia: Fusión de ministerios durante el PSOE Mientras que desde la dictadura se mantuvo esta ubicación, ya en el Gobierno de Felipe González se crea el Ministerio de Justicia e Interior, entrando en entre sus competencias el apartado de prisiones
Cambio: Con Aznar llegó la modificación Fue en el primer Gobierno de José María Aznar en el que se rompió con la “tradición española” al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria.
Separación: Prisiones y policías en áreas diferentes Para Acaip-UGT es importante que, en lo que respecta a la separación de funciones, exista una clara separación organizativa entre la policía y el servicio penitenciario.