Hace ya algo más de dos años, León Bendayán dejó la Dirección del IES Clara Campoamor y se convirtió en director provincial de Educación, un puesto desde el que se comprenden mejor los problemas de la Administración pero desde el que sigue sintiendo cerca la problemática del resto de la comunidad educativa. Hoy habla con El Faro para hacer una radiografía educativa.
–Comienza el curso otra vez con las convocatorias de becas, tanto de comedores como de material escolar, en pleno plazo de solicitudes. ¿La Administración siempre tropieza con la misma piedra?
–Es cierto que de nuevo se ha vuelto a retrasar todo mucho más de lo que hubiéramos deseado pero el haber separado las convocatorias de comedor y transporte, por un lado, y de becas generales para la adquisición de libros y material, por otro, nos va a permitir resolver en mucho menos tiempo la primera, a la que esperamos se presenten unas 1.500 solicitudes de acuerdo con los números de años anteriores. Yo sigo pensando que para el 1 de octubre puede estar listo al menos el primer listado de beneficiarios de las 780 becas que se ofrecen.
–¿Qué pasará con las de material escolar, que a veces no se pagan hasta que el curso ya ha pasado su ecuador?
–Ahí tengo que ser más escéptico, entre otras cosas porque se van a repartir algo más de 6.000 becas pero son 8.000 ó 9.000 las familias que presentan solicitud. El mero hecho de revisar ese volumen de documentación es mucho más complicado pero, resumiendo, es cierto que no tiene mucho sentido que las becas se demoren tanto. He preguntado y he visto que esto lo marca la publicación de los umbrales de renta, que depende del Ministerio de Hacienda, porque las convocatorias de Educación estaban listas...
–Sea por el departamento que fuera, todos los años pasa lo mismo. ¿Uno se vuelve más comprensivo con la Administración desde dentro?
–Hay que estar dentro para darse cuenta de la complejidad administrativa y burocrática de la Administración. Yo cumplí en julio dos años en la Dirección Provincial. No se trata de problemas de personas concretas y muchas veces chocas con la maquinaria administrativa, la Intervención de Hacienda, la Abogacía del Estado...
–Uno de los hitos del proceso de matriculaciones del pasado verano fue dejar el nivel de Infantil de 3 años con todas las aulas dentro de ratios inferiores a 25 niños por clase ¿Se repite este año?
–Hay que ser cauto pero hasta ahora sí lo hemos conseguido pese al pico de natalidad que se registró en 2015 y que nos llevó a abrir tres unidades más de ese nivel en los CEIP Andrés Manjón, Juan Morejón y Ortega y Gasset. No obstante, durante el verano hemos recibido un gran número de peticiones que habrá que atender. Si aguantamos el tirón tendremos todo el segundo ciclo de Infantil en no más de 25 alumnos por unidad, aunque es cierto que en Primaria seguimos teniendo trabajo pendiente en ese sentido pese a los pasos dados en el CEIP Maestro José Acosta o el Ciudad de Ceuta.
–¿Qué nuevas infraestructuras educativas vamos a ver hechas realidad a corto o medio plazo con cierto grado de certeza?
–Obras inmediata a un año visto al margen de proyectos y el PGOU, seguras, la finalización de la antigua UNED, que incluirá el traslado del CEA Edrissis para terminar completamente el nuevo colegio del Polígono. Otro equipamiento que estará listo con seguridad es el antiguo ‘José Acosta’, donde la Ciudad y el Ministerio van a efectuar una inversión conjunta para destinarlo a Secundaria. Una posibilidad es descargar parcial o temporalmente el IES Puertas del Campo y otra convertirlo en un IESO, un instituto de pequeño tamaño sin Bachillerato. Uno de nuestros grandes problemas es la ESO y en el IES Siete Colinas, por ejemplo, hay una docena de grupos de primero de Secundaria. Más a largo plazo está el proyecto del Brull.
–El cupo docente ha vuelto a aumentar y se acerca a los 1.300 efectivos. ¿Ese es el número que necesita la ciudad?
–Hay que ver las cosas con perspectiva. Durante los tres últimos cursos el cupo ha aumentado en 19, 25 y 13 efectivos, respectivamente, en total 57, un incremento de casi un 5%. La tendencia es al alza y poco a poco recuperamos cifras de las que nunca nos tendríamos que haber alejado. Hemos podido diminuir las ratios porque se abren más aulas y eso consume más cupo. Yo creo que nos estamos acercando a números operativos siempre que logremos mantener las ratios. Las incorporaciones de este año han venido principalmente a cubrir el CEIP Ciudad de Ceuta, el CEIP José Acosta que va creciendo de dos a tres líneas y a impartir los nuevos Ciclos de FP aprobados por el Ministerio.
–Ahora un reto inmediato es concretar el proceso de oposiciones masivas con el que se pretende recortar drásticamente la tasa de interinidad. ¿Intuye cómo se va a ordenar ese plan en términos de especialidades, etcétera?
–Es muy pronto. En principio el año próximo tocará profesores de Secundaria y, si se puede, Formación Profesional. Lo normal es que las primeras especialidades que se convoquen sean las que aglutinan un mayor número de interinos. Habrá que estar atentos también, claro, a ver qué hace Andalucía.
–¿Es partidario de buscar alguna fórmula de oposiciones que favorezca más a los interinos?
–Yo creo que hay que buscar un sistema que dé respuesta a los derechos adquiridos por las personas que están trabajando. Ahora la experiencia se valora pero una vez superadas las pruebas. Hace unos años hubo un sistema transitorio muy especial, quizá demasiado favorecedor... Lo que el Ministerio ha transmitido también es que quiere consolidar el empleo teniendo en cuenta la experiencia pero sin incumplir los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad...
–La nueva Orden de Interinos dice que “decaerán en su derecho a estar en las listas aquellos candidatos que hubieran mostrado un rendimiento insuficiente que no comporte inhibición o una evidente y documentada falta de capacidad funcional para el desempeño de las tareas docentes”. ¿Cómo se va a aplicar?
–Se trata de una novedad en el ámbito de Educación pero no en la Función Pública en general, tanto dentro como fuera de la ciudad autónoma. Es cierto, como en todas las profesiones, que hay personal que necesita...
–¿Se ha detectado un problema?
–No existe un problema identificado como tal pero hay que tener herramientas para afrontarlo si aparece. El principal objeto del sistema es el alumnado, su formación para avanzar, su nivel de calidad... Hablamos de incumplimientos flagrantes, de abandono, de casos evidentes. Para esto en la Educación, me atrevería a compararlo con la Sanidad, hay que ser especialmente cuidadosos. No obstante, en cualquier caso hay varias medidas garantistas hasta la decisión final, que creo que la toma la Subsecretaría de Estado.
–El curso empezaba el día 11 en todos los niveles. Comenzó también en los institutos... esta vez sí.
–Todos los centros han empezado a trabajar de forma escalonada y paulatina. Ese debate lleva abierto toda la vida. En Ceuta chocamos con algunas singularidades. Por ejemplo, entre el Día de Ceuta y este año la Pascua musulmana del Sacrificio, nos podemos plantar en el día 4 ó 5 como primero de trabajo. Además hay que evaluar al alumnado de la convocatoria extraordinaria, la correspondiente matriculación...
–A priori, ¿es usted partidario de suprimir la convocatoria de exámenes de septiembre, como ya han hecho múltiples Autonomías?
–En principio y a la luz de mi experiencia directa como docente, sí. Soy absolutamente sensible con el trabajo frenético que se hace en muy pocos días en los centros a primeros de septiembre. Cuando haces todo ese esfuerzo y, estadísticamente, constatas que son muy pocos los alumnos que van a esta convocatoria debidamente preparados... No olvidemos que hablamos de chicos de 13 años que quizá en junio todavía sea capaz de hacer un esfuerzo para alcanzar los mínimos exigidos pero que después, en verano, hace lo que también tienen que hacer los niños y niñas de esa edad, que es salir, jugar y descansar. Soy partidario totalmente del cambio si es viable pero en cualquier caso estudiando las cosas y es la Inspección la que se ha comprometido con el Foro a hacer un análisis de los resultados de la convocatoria de septiembre en Ceuta para, en su caso, proponer lo que corresponda al Ministerio.
–A priori, ¿partidario de eliminar el acto público de adjudicación de interinidades de finales de agosto?
–He estado dándole muchas vueltas. Este año hemos tenido un modelo híbrido y... Finalmente tengo la impresión de que hasta los interinos prefieren que haya un acto público aunque tengan que venir unos días antes o mandar un representante. En la Administración todo lo que no se haga claro, cristalino y transparente a la gente le causa recelos aunque aquí no haya nada que esconder. El acto público puede ser un engorro para los interinos, hay que movilizar a mucha gente, etcétera, pero parece dar un plus de transparencia que hay que sopesar y valorar muy bien.
–¿La adjudicación sin acto público ha funcionado correctamente este verano?
–También hay que decir que organizativamente es complicado. Si todo el mundo estuviera solo en una especialidad sería más fácil pero hay personas en varias listas y hasta en distintos Cuerpos. Todo esto me ha hecho pensar mucho y tenemos un año por delante para decidir entre todos.
–¿Está completada la reordenación de la Formación Profesional proyectada tras su llegada a la Dirección Provincial?
–En su momento nos propusimos no tener una oferta permanentemente estanca y hasta cierto punto mal estructurada. Este curso va a ser importante para analizar la inserción laboral, la demanda estudiantil... De ese estudio tendremos que concluir qué hay que consolidar, qué novedades podríamos introducir... En términos generales la reforma proyectada está terminada.
El Pleno del Congreso ha estudiará la solicitud hecha por la Comisión de Educación para que tenga seis meses de prórroga la Subcomisión encargada de trabajar por lograr un texto que sirva de base para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación. La Subcomisión educativa, que desde febrero ha escuchado la voz de más de 80 expertos, solicitó antes del verano la posibilidad de alargar el primer plazo que tenía para conseguir un consenso educativo. De aprobarse ahora la solicitud de prórroga, será en enero cuando los portavoces de educación de los grupos parlamentarios tendrán que tener listo el documento consensuado que luego se pueda traducir en una nueva norma que sustituya a la LOMCE. Hace casi un año el Gobierno dio un frenazo en la implantación de parte de la ‘ley Wert’ a la espera de que se alcance ese supuestamente ansiado Pacto de Estado que termine de pacificar un ámbito tradicionalmente inflamado tanto dentro como fuera de la ciudad, aunque muy aplacado con Bendayán en la Dirección.
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