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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura registró tres casos y 59 personas presuntamente afectadas por violencia institucional en Ceuta durante el año pasado
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura,una plataforma integrada por 47 organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, presentó ayer su informe ‘La tortura en el Estado español 2016’, un documento que cifra en 259 las personas que presuntamente fueron objeto de “torturas, violencia institucional, brutalidad policial y malos tratos inhumanos, crueles o degradantes” durante el año pasado en todo el país.
Madrid, Ceuta y Catalunya son los tres territorios que registraron más denuncias (afectando a 71, 59 y 41 personas, respectivamente). Según las características de las personas supuestamente agredidas son dos los colectivos más afectados: los migrantes (147) y los reclusos (50). Por Fuerzas de Seguridad denunciadas, la Policía Nacional (CNP) es la más afectada (103) por delante de la Guardia Civil (69) y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias (50 personas).
A juicio de los autores del documento “es evidente que el hecho de que el CNP y la Guardia Civil tengan funciones antidisturbios, así como que la Policía Nacional se encargue de la custodia de los CIE y la Benemérita de las vallas de Ceuta y Melilla, espacios en los que se han dado varias situaciones de agresiones colectivas, explica que, con un menor número de situaciones que las protagonizadas por los funcionarios de prisiones, las intervenciones de estos Cuerpos hayan afectado a un mayor número de personas”.
Los intentos o saltos consumados de la valla de Ceuta concentran los tres supuestos casos de violencia institucional-brutalidad policial, que computa la Coordinadora.
El primero tuvo lugar el 9 de septiembre, cuando “cientos de subsaharianos” intentaron saltar la valla de la ciudad autónoma. De acuerdo con los registros de la Coordinadora, “al menos dos de ellos resultaron heridos en el intento pero uno de ellos fue ‘devuelto en caliente’ a las autoridades marroquíes”. En total se calcula que 67 migrantes fueron rechazados “ilegalmente” ese día. “Aunque puede que hubiera más heridos entre ellos sólo puede confirmarse las lesiones de dos personas, una de las devueltas y otra que fue trasladada al Hospital Universitario de Ceuta por la Cruz Roja”, refiere el informe.
El segundo caso incluido en el documento se remite a la madrugada del 31 de octubre, cuando “más de 200 personas de origen subsahariano” intentaron superar el doble vallado del perímetro fronterizo local. “Varias de ellas resultaron lesionadas durante el intento con contusiones y cortes producidos por las concertinas de la valla: según informó a la prensa la Cruz Roja de Ceuta, al menos 32 de estas personas tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales de la ciudad autónoma para ser tratadas de sus heridas”, explica el documento.
El tercer y último caso se trata del salto del 9 de diciembre de 2016, en el que estuvieron involucradas “más de 400 personas de origen subsahariano”. “Al menos 25 ellas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios de Ceuta por parte de la Cruz Roja para recibir curas y suturas por las heridas sufridas durante el salto”, señala el informe, que explica que “en esta ocasión también se denunció que un número indeterminado de migrantes fueron devueltos de manera ilegal al lado marroquí de la frontera, algunas de ellas heridas y sin haber recibido asistencia médica”.
La Coordinadora solo se hace eco de aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes “que pudieran ser incluidas dentro de la definición de tortura efectuada por la Convención de Naciones Unidas” para “la correcta aplicación en el Estado español de los mecanismos de prevención y control previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante”, expone.
