La Policía Local ha constatado que los trabajos en el inmueble ilegal se han retomado en las últimas semanas
La
Policía Local ha constatado durante las últimas semanas que, pese al expediente abierto hace ya dos años y medio, los trabajos en el edificio ilegal de siete plantas de altura levantado al margen de la normativa urbanística en el Príncipe Alfonso, enfrente del Poblado Legionario, se han retomado.
La identificación formal del promotor o propietario nunca se ha conseguido
La Ciudad Autónoma se está encontrando con problemas de índole burocrático en relación con la certificación del propietario-promotor del inmueble y está esperando el permiso judicial preceptivo para ordenar su demolición o proceder a ella de forma subsidiaria, trabajo para el que se está barajando encomendárselo a Tragsa.
La historia de ese inmueble se remonta ya hace casi tres años. En agosto de 2015, la Policía Local alertó en un informe de que se había venido observando que en plena Agrupación Norte se estaban realizando que evolucionaban con gran rapidez y de que se había intentado localizar al promotor o propietario, “siendo negativa dicha identificación”.
Pocos días después, el Ministerio de Defensa comunicó que “como consecuencia de las inspecciones periódicas que realiza la patrulla del Servicio de Vigilancia y Control Permanente de Parcelas del Negociado de Propiedades se ha detectado en la parcela denominada ‘Príncipe Alfonso’ una obra de mampostería consistente en la demolición de una vivienda y su posterior construcción de otra en tres plantas de mampostería, desconociéndose al responsable de las mismas”.
En septiembre de ese mismo año, la Consejería de Fomento incoó un procedimiento sumario para “obras incompatibles con el Ordenamiento” y de protección de la legalidad urbanística contra una persona que negó tener relación alguna con las obras.
En diciembre, la Inspección de Trabajo reclamó “máxima celeridad y urgencia en la tramitación del expediente de disciplina urbanística necesario para el derribo del edificio” mientras la Policía seguía apreciando “grandes avances durante los fines de semana”.
En enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta los hechos a la Fiscalía pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1. “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes.
En agosto de 2016, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones “hasta que sea habido los propietarios o responsables de la obra”, tarea en la que aún se afana la Administración.
Las medidas cautelares de octubre de 2016 no han sido eficaces
La Consejería de Fomento ordenó en octubre de 2016 la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del
Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días.
En la resolución se advertía que “el incumplimiento de la citada medida cautelar de suspensión/paralización de las obras podría dar lugar a un posible delito de desobediencia a la autoridad a cuyos efectos, una vez que la Consejería de Fomento constate el incumplimiento de esta medida cautelar, elevará los hechos al Ministerio Fiscal”.
También se prescribió “la retirada de cualesquiera materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma”, señalando incluso expresamente a la Policía Local como competente para ejecutar esa decisión “previo inventario detallado y pormenorizado de ambos (materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma)” para proceder a su depósito en el Almacén Municipal.
A la Policía Local se encomendó vigilancia continua sobre las obras
Además, ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”. Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”.