Hacer memoria nos sirve para reflexionar sobre los aciertos y desaciertos de los que tienen la responsabilidad de fomentar la convivencia y hacer de nuestras ciudades un lugar más seguro para vivir. La inseguridad ciudadana no es algo que surge de un día para otro, todo lo contrario, la inseguridad ciudadana es un cúmulo de desaciertos de los gobiernos que son incapaces de adoptar medidas sociales que impidan el nacimiento de conflictos y, por otro lado, medidas policiales para poner orden cuando aparecen los primeros síntomas de inseguridad, porque cuando la infección se extiende es más difícil acabar con la bacteria. Hay problemas de inseguridad que los crean los responsables políticos por su egoísmo, incapacidad y soberbia por no atender los consejos de los especialistas en seguridad ciudadana. Pues bien, el mayor problema de inseguridad ciudadana de Ceuta lo crearon nuestros inteligentes políticos al convertir un espacio de seguridad, “el perímetro fronterizo con Marruecos”, en un polígono industrial. Una decisión adoptada con informes que desaconsejaban ubicar un polígono industrial en un perímetro fronterizo entre dos países donde el PIB de España multiplica por 15 al de Marruecos. Hemos convertido una zona tranquila en el mayor problema de seguridad de nuestra ciudad, porque antes sólo existía la antigua fábrica de cerveza “África Star” y la de ladrillo y el paso de personas se limitaba a las familias de las fincas de Berrocal y Sánchez. Nada hacía prever que esa zona se convirtiera en el principal problema de la ciudad, pero se apostó por autorizar un buen negocio para unos pocos perjudicando gravemente al conjunto de la sociedad ceutí. Unos pocos se hicieron de oro y todos pagamos el desatino con nuestros impuestos. Los primeros en padecer esa falta de capacidad -por no decir de vergüenza- fuimos los guardias civiles en una etapa donde los bultos volaban sobre el vallado y las piedras sobre las cabezas de los guardias civiles. En esa etapa nos preparaban emboscadas y aprovechaban el descontrol para lanzar bultos a Marruecos y droga hacia Ceuta, aunque también lo intentaban por las alcantarillas y desagües del perímetro. Eran otros tipos de avalanchas, pero controladas por los mismos de ahora. Han pasado muchos años y todos-as padecemos y conocemos este descontrol. Se apostó por el negocio y se despreció la seguridad y la tranquilidad de todos. Han pasado muchos años y ahora se vuelve hablar de dinero cuando se debería hablar de seguridad. En AEGC creemos que no es de recibo que los empresarios se nieguen a sentarse en la Delegación de Gobierno para solucionar un tema de seguridad de los negocios que ellos explotan. Nos parece increíble, porque quien decide sobre seguridad ciudadana en nuestra ciudad es la delegada del Gobierno y la persona que tiene que decidir sobre si esa zona está apta o no para abrirse al público es la propia delegada del Gobierno. Desconocemos qué tipo de ingresos no quieren compartir los responsables del polígono; desconocemos cómo se puede financiar la seguridad del polígono con la venta de tiques a los porteadores; desconocemos el gravamen del IPSI por la venta de entradas y dónde se ingresan las recaudaciones. Desconocemos quién ha autorizado la venta, pero sabemos que en solo un día pasaron 2.961 personas. Pueden pensar que a nuestra organización no nos debe preocupar estas cuestiones, pero están equivocados, porque de las decisiones que se tomen depende la seguridad personal y jurídica de los guardias civiles que prestan servicio en la zona y nos preocupa además, porque como ciudadanos nos vemos inmersos en el caos que provoca el porteo como el acceso al hospital. La venta de tiques a los porteadores no es una cuestión baladí si damos por cierto que en un solo día han accedido a los polígonos 2.961 personas para portear, como indican algunos medios. No sabemos el precio, pero a un euro es una cantidad nada despreciable. AEGC desconoce cuánto se recauda, a dónde va esa cantidad de dinero, si se declaran esos ingresos. Eso lo desconocemos, lo que no desconocemos es que una decisión errónea afecta a la seguridad física de los ciudadanos y de los guardias civiles que prestamos servicio en la zona. Nos afecta y por esa razón estaremos atentos y valoraremos cualquier decisión que ponga en peligro la integridad física de los ciudadanos y de los guardias civiles. La delegada del Gobierno debe valorar si se dan las condiciones de seguridad para comenzar el porteo y eso no puede depender de la presión de los comerciantes del Tarajal y, mucho menos, que esa presión tenga que ver con la venta de tiques o la menor o mayor ganancia de los comerciantes del polígono, porque como decíamos, hace años se apostó por el comercio en lugar de los ciudadanos y su seguridad. Una apuesta que está costando a los contribuyentes recursos económicos e inseguridad ciudadana y además estamos exportando -utilizando un término comercial- una imagen nefasta de una ciudad que dice quiere apostar por el turismo. Un turismo de tíquets, de mujeres y hombres cargados como animales, un turismo que se acabará cuando quiera nuestro vecino país.