En el día de ayer, tomamos posesión como concejales en el Ayuntamiento de mi pueblo. No obtuvimos la mayoría, pero conseguimos unos resultados dignos, algo más elevados que en las elecciones anteriores, que mostraría que nuestro trabajo de oposición está dando sus frutos poco a poco. También constatamos que los votos de otros grupos de izquierda solo sirvieron para que no se obtuvieran más concejales. Por último nos percatamos de que los que venían gobernando desde hacía tanto tiempo, mantienen su mayoría absoluta, pero sin incrementos de ningún tipo. Es decir, se vislumbra un punto de inflexión después de más de 20 años.
Pero más allá de estas consideraciones electorales, quiero detenerme en el sentido del juramento o promesa que tuvimos que hacer para esta toma de posesión, de cumplir fielmente las obligaciones de concejal del Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.
Guardar la Constitución Española implica cumplir con la misma y aceptar lo que proclama, como que somos un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Más adelante proclama la dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
Pero si lo anterior es importante, más adelante se proclama algo que también lo es, a saber, que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y también se declara la garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Lo anterior significa que España es un Estado aconfesional.
Y una cuestión de vital importancia es el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Lo anterior significa que los principios de igualdad, mérito y capacidad, transparencia y seguridad jurídica, son la columna vertebral de nuestra Constitución y, por tanto, de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Democracia. Es lo que hay que respetar.
Hace varias semanas coincidieron dos acontecimientos relevantes. Uno fue el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Granada del prestigioso hispanista Paul Preston. Este eminente profesor inglés de la London Schoool of Economics, que relató los horrores vividos en nuestra Guerra Civil, que no deberían repetirse jamás.
Pero también ha ocurrido un hecho triste. El fallecimiento del gran humanista italiano Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. En su conocido libro “La utilidad de lo inútil”, en defensa de mantener las humanidades en la educación, nos deja pasajes increíbles. De todas he seleccionado uno: “…Solo la conciencia de estar destinados a vivir en la incertidumbre, sólo la humildad de considerarse seres falibles, sólo la conciencia de estar expuestos al riesgo del error puede permitirnos concebir un auténtico encuentro con los otros, con quienes piensan de manera distinta que nosotros. Por tales motivos, la pluralidad de las opiniones, de las lenguas, de las religiones, de las culturas, de los pueblos, debe ser considerada como una inmensa riqueza de la humanidad y no como un peligroso obstáculo…”.
Cuando se lleva mucho tiempo en un cargo de responsabilidad, los especialistas nos explican que suelen surgir en los gobernantes comportamientos y actitudes prepotentes y arrogantes. Pero con una debilidad estructural. Tienen dificultades para reconocer los logros o méritos de los demás. Creen que ellos son mejores que todos. Por ello buscan que el pueblo sea el que esté con ellos, como si fueran reyes o mesías que traen la verdad y la solucione a los problemas. Nada de esto es real.
La verdadera concordia, basada en el respeto a los otros, es la que posibilitará un desarrollo armónico de nuestra sociedad. Y esto conlleva reconocer el papel que ejerce la oposición política para el progreso democrático.
Este es el camino.
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