Todos somos responsables

No hace mucho escribía una reflexión sobre el intento de llegar a un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para desbloquear la renovación de los órganos judiciales. Hoy el intento desesperado de los políticos por hacerse con el control del poder judicial es evidente y de rabiosa actualidad, provocando que este asunto sea merecedor de volver a incidir nuevamente sobre él.

Hemos ido comprobando como a través de más de 40 años de democracia, el legislativo ha intentado siempre socavar la independencia del poder judicial, nombrando y tratando de influir de todas las formas conocidas en los órganos de dirección de jueces y fiscales. Hoy podemos afirmar que lo han logrado trasladando la pugna a los propios órganos judiciales enfrentando las facciones nombradas por uno u otro partido. Cualquier ciudadano puede aventurarse a afirmar sin rubor, que en los órganos judiciales donde los “colocados” por los progresistas son mayoría con respecto a los “colocados” por los conservadores, triunfarán las tesis propuestas por Pedro Sánchez. Según esta afirmación, el Fiscal General y el TC avalarán la amnistía propuesta en las Cortes a pesar de la discrepancia del CGPJ, pero a ninguno se les caerán las “puñetas” al hacerlo, a pesar de la crisis constituyente en la que nos vemos inmersos.

Lo que estamos viviendo no es más que el resultado del continuo ataque y menosprecio a las instituciones de forma constante y hábilmente dosificada por parte de esa clase política sin que se le haya dado una respuesta categórica. Ataque en el que todos hemos participado por acción u omisión, contribuyendo al facilitar el constante desprestigio de nuestro modelo social de una forma evidente. Hemos llegado a consentir y aceptar algo tan vil y despreciable como el continuo menosprecio a instituciones tan honrosas y dignas de respeto como la judicatura, la Guardia Civil e incluso la Monarquía, instituciones de las que los españoles nos debemos y podemos sentir orgullosos. Los políticos, unos en mayor medida que otros, han participado en esa carrera por hacerse con el control de los tribunales y han aprendido que la mejor forma de hacerlo es comprando lealtades y colocando a los suyos en los puestos clave. Esa es la lucha que han mantenido todos los que han ejercido el poder en España en mayor o menor medida, hasta que llegaron dos a los que les ha importado tres pimientos las apariencias y el último, capaz de vender a su madre si es necesario por mantenerse en el poder.

Con las actuaciones de los últimos Ministros jueces, Jueces del CGPJ, Fiscales Generales, Jueces del Tribunal Constitucional y demás cargos relacionados con la judicatura, desgraciadamente he llegado a ser comprensivo y aceptar la humanidad de los jueces, siendo consciente de que poseen las mismas virtudes y flaquezas que el resto de los mortales. El hecho de ser juez o magistrado, no les acredita poseer ni la ética, ni la ponderación, ni la mesura, ni la equidad, ni la diligencia, ni el espíritu de servicio, ni la caridad, ni las virtudes necesarias para ejercer tan importante cargo, solo se les supone, de la misma forma, que el valor en la cartilla militar tiempo atrás. He de puntualizar que nos encontramos con dos clases de jueces, magistrados y fiscales; unos, lo que ejercen su profesión con exclusividad, bien en los tribunales o bien en el Gobierno como ministros o diputados. Los otros, quienes la ejercitan a tiempo parcial en órganos propios de la Justicia como TC, CGPJ, Fiscalía, etc. nombrados y colocados por el partido de turno. Personalmente solo confío en los primeros.

El requisito que se les exige de cantar ante un tribunal cinco temas según las bolas que han sacado, solo nos demuestra palpablemente que poseen una excelente memoria y conocimiento de las leyes, pero deja en evidencia la vulnerabilidad de un sistema que ha permitido que un señor o señora, llegue a colocarse la toga para retorcer la Ley a gusto del mandante, sin demostrar, que además de poseer una gran memoria, goza de las cualidades necesarias para impartir justicia y que son radicalmente incompatibles con la política actual, algo que algunos de ellos hacen mostrando a los ciudadanos sin pudor su tendencia y agradecimiento servil a quien los ha colocado en esos puestos privilegiados. Situación que solo se podría evitar con el nombramiento para esos cargos por ellos mismos con total independencia, sin injerencias políticas y con la prohibición expresa de que estos puedan pertenecer a partidos políticos o asociaciones de esa índole. Admito, apoyo y defiendo que los jueces y magistrados son los únicos capaces de poder interpretar una Ley y aplicarla, pero en política estoy tan capacitado como ellos para discutir aspectos de los que discrepo y me afectan directamente.

Siento afirmar que no me merecen confianza políticos cuyo currículo comienza y terminan con un “estudió …..” y sin embargo no acabaron ni el primer curso o lo falsean que es aún peor. El ciudadano deposita su seguridad jurídica en el muro de contención de los jueces y fiscales ante políticos inmorales y carentes de formación. La política no es ese juego sucio de traiciones y deslealtades para mantenerse en el poder, es algo mucho más digno que la justificación de mediocres y corruptos incapaces de ejercer un buen gobierno.

Hasta hace unos años pensaba que los jueces a diferencia de esos políticos que conocemos sin estudios ni preparación, como algunos ministros y negociadores del Gobierno de España, serían capaces de resistir la tentación de convertirse en herramientas del poder. Como en toda profesión, los hay incorruptibles y respetables, pero también hay una minoría que ha sucumbido al ejercicio del poder renunciando a los principios que deberían guiarles, utilizando sus conocimientos para tratar inútilmente de convencer al ciudadano de que lo que hacen sus valedores es lo correcto.

He de recordar que una Ley para ser aceptada ha de cumplir tres principios básicos. Ha de ser JUSTA y es justa porque responde a la necesidad de regulación de algún problema en concreto que padecen los ciudadanos y no al capricho de quién ostenta el poder en esa legislatura. Ha de ser ÚNICA, igual para todos y ESTABLE en el tiempo. Sin embargo, podría mencionar algunas como la de amnistía que son de exclusivo interés de los partidos que la necesitan y del que ha de promulgarla para mantenerse en el poder. Ni es justa, ni es única ni será estable. Olvidan estos legisladores temporales que la estabilidad de una ley nace del acuerdo y no del enfrentamiento. Estos tres principios son olvidados con demasiada frecuencia y los ejemplos son abundantes y conocidos, siendo raro el día en el que no nos sorprendan con una decisión difícilmente explicable.

Los ciudadanos hemos confiado inocentemente en la honestidad de quién nos representaban desde 1978, hasta llegar al punto de dejarlos crear un grupo de privilegiados con prebendas y legislación distinta respecto al ciudadano de a pie. Cuando en 2014 se gritó ¡basta! Comprobamos como al más fiel estilo revolucionario, que aquellos que se erigieron como los guías de la transformación y de la indignación de la sociedad en cambio político, que pregonaban las virtudes de vivir en un piso de Vallecas con uso de transporte público, se transformaron en la casta con la que querían acabar, comenzando con la compra de un chalet en Galapagar, cosas del pensamiento revolucionario progresista. Todo aderezado con una complicidad fétida de los medios de comunicación afines.

A pesar de todo, cuando oigo decir que se ha acordado por JUNTS-PSOE, «acabar con la judicialización de la política», he de señalar que siempre lo he preferido a «la politización de la justicia», entendiendo que es la única defensa del ciudadano contra los abusadores. Deseo para mi y mis descendientes unos políticos con sueldos equiparables a los ciudadanos. Que paguen el mismo IRPF que nosotros por los ingresos que perciben. Que no cobren dietas para ir a los plenos. Que dejen de cobrar por asistir a Consejos de Administración de empresas filiales. Que tengan que cotizar el mismo número de años que el trabajador para tener derecho a pensión. Que estén obligados a cumplir con sus promesas y tenga que hacerlo POR LEY incurriendo en responsabilidad penal si no lo hicieran. Que la claridad y transparencia en la gestión sea una obligación y no una opción. Que robar o engañar a los ciudadanos a quienes representan se pueda penalizar como un delito de extrema gravedad sin que puedan acogerse a algún beneficio legal como estar aforado. Pero lo más importante, que aquello que no contempla su programa electoral y afecte a todos los españoles, tenga que pasar forzosamente por un referéndum. Esto y más es lo que debería llevar un partido político en su programa a las elecciones, pero no he oído a ninguno proponerlo y sin embargo si he comprobado como hacen todo lo contrario. Si hay elecciones me aventuro a pronosticar que si hay alguno que lo lleve en su programa, arrasará en los recuentos de votos.

Los políticos, cada vez se encuentran más alejados de la ciudadanía desmontando día a día una democracia que tanto sacrificio ha costado instaurar. No obstante, lo que considero más grave, es la desafección y pérdida creciente del sentimiento del ciudadano a pertenecer a una gran Nación gobernada durante muchos años por delincuentes y zafios sin la menor cultura ni sentimiento de lealtad. Hemos consentido y sufrido a los corruptos, a los ineptos y a los charlatanes, dirigir esta gran Nación constantemente vilipendiada en los estadios donde se celebraba un acontecimiento deportivo, declaraciones infamantes en los medios, juramentos a la Constitución consentidos e increíblemente despreciables, y programas de radio y TV bochornosos que agreden los sentimientos de casi todos, pensando que nunca se llegaría a esta situación y que nos decían era la cuota a pagar por la libertad de expresión, pero no nos engañemos, esta situación no nace espontáneamente, la hemos consentido desde hace muchos años nosotros, los ciudadanos, con nuestra pasividad la hemos ido fraguando poco a poco y pretendemos ahora que sea Europa quién nos resuelva el problema que hemos dejado crecer tapándonos la nariz.

Siempre que he leído una Ley, lo primero que he querido comprobar tras su lectura, son las disposiciones adicionales que afectan a otras leyes, modificándolas parcialmente o anulándolas. En este caso, se intenta manipular el sistema legal establecido con el voto de aquellos que no han aceptado nunca la Ley de Leyes y que la han rechazado públicamente siempre. Pretenden convencernos desde dentro que es licito que las Cortes españolas sancionen la constitucionalidad de una disposición que acaba con el principio por el que se rige todo el sistema, “La Constitución”. No necesito que me venga un felón sin credibilidad a decirme si esto es legal o no, pero las consecuencias de la amnistía si se aprueba consistirá en que seremos herederos ilegítimos de una democracia y transición inexistente. los que juzgamos como delincuentes, son los legítimamente demócratas. Esto es lo que aprobará las Cortes y sancionará como legal los miembros “progresistas” del Tribunal Constitucional si les llega para estudio y pronunciamiento.