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El TJUE exige devolver a los clientes los gastos de hipoteca de cláusula abusiva

El tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta por litigios con CaixaBank y BBVA, respectivamente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que sólo se puede negar la devolución a los clientes de los bancos de todos los gastos hipotecarios incluidos en una cláusula abusiva si así lo estipula previamente la legislación nacional.

De lo contrario, si no existiese una disposición en el derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca.

El tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta para resolver sendos litigios que enfrentaban a los firmantes de dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria con CaixaBank y BBVA, respectivamente.

En concreto, el TUE ha dictaminado que la legislación europea "se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula".

A continuación, la sentencia subraya que sólo se podría cargar "la totalidad o una parte" de los gastos hipotecarios al cliente si así lo estipulan "disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula".

El Juzgado número 6 de Ceuta, uno de los impulsores

El pasado 16 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ceuta propuso, promovido por reclamador.es, una cuestión prejudicial al TJUE para que este se pronunciase sobre si las últimas sentencias del Tribunal Supremo de España, por las que se repartían los gastos de formalización de las hipotecas entre el banco y el cliente, son contrarias al Derecho de la Unión Europea y su jurisprudencia, en cuanto a la protección de los consumidores sobre cláusulas abusivas.

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