Proteger a los menores en los entornos digitales en un momento en que especialmente las redes sociales se han convertido en un peligroso medio a través del que acosar y hacer bullying. Este es el objetivo de la Proposición No de Ley presentada por
Vox y defendida por la diputada nacional de esta formación por Ceuta,
Teresa López, en la Comisión de Infancia y Adolescencia de este miércoles en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa no ha podido salir adelante ante el voto en contra del resto de grupos "que han preferido mirar hacia otro lado ante los riegos de las redes sociales para niños y adolescentes", expresa la formación. Con esta iniciativa se buscaba garantizar la seguridad de los menores y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre ellos puede ser ejercida. Para ello, Vox ha propuesto articular mecanismos de protección institucional de niños y adolescentes que hagan extensibles a internet y, particularmente, a las redes sociales, las previsiones de la protección jurídica del menor. Y es que, lamentaba López, “no se ha avanzado en la formación del uso correcto de internet y sigue produciéndose una falta de conciencia sobre la repercusión de la puesta en circulación de los datos personales en el tráfico de internet. Esta PNL también pretendía promover que las empresas titulares de las distintas redes sociales dispongan de los mecanismos necesarios para que se pueda llevar a cabo, en cualquier momento y de forma eficaz, la eliminación total o parcial de la huella digital de los menores en estas plataformas virtuales. Aunque Vox reconoce que “el papel fundamental a la hora de proteger a los menores en Internet lo tienen sus padres o tutores”, también recuerda la recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos para que “la industria proporcione las herramientas para ayudar a salvaguardar su intimidad y bienestar”. Además, con esta PNL se introducía la posibilidad de regular la necesidad de un permiso de carácter previo por parte de la autoridad laboral competente para los casos de exposición de menores, por parte de sus progenitores o tutores, con fines comerciales. Y es que, ha defendido López, es “necesario reflexionar acerca de las repercusiones y relaciones jurídicas que puedan derivarse de la obtención de beneficios económicos de los padres con las imágenes o datos de carácter personal de sus hijos”.