Tendrá que demoler su casa ilegal para no ir a prisión

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó a S.M.A. por un delito contra la ordenación del territorio en la barriada del Príncipe Felipe.
La acusada reconoció los hechos y aceptó la pena de 1 año y 6 meses de prisión, así como el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 3 euros. Esa pena quedará suspendida por un periodo de 2 años bajo una doble condición: no volver a delinquir durante ese periodo y la obligatoriedad de demoler la obra ilegal y devolver el lugar a su estado original.
Además se le inhabilita durante 1 año para cualquier profesión u oficio relacionado con la construcción.
El 19 de noviembre de 2021, una patrulla de la Policía Local se personó en la calle Francisco Ruiz Sánchez de la Barriada Príncipe Felipe y pudo apreciar que la acusada había acometido obras mayores sin licencia no legalizables.

En qué consistían las obras

Estas obras consistían en construcción de vivienda mediante cimentación y creación de muros con bloques y pilares usurpando terreno de titularidad pública, destinado a parques urbanos y equipamiento.
La acusada había iniciado las obras en noviembre de 2019 y finalizó con la construcción de la casa en 2023.
La mencionada obra se realizó por parte de la acusada siendo consciente y a sabiendas de que carecía de la correspondiente licencia y en un terreno calificado en el PGOU aprobado por Orden Ministerial de 15 de julio de 1992 como de dominio público destinado a parques urbanos y equipamiento urbano.
La actuación llevada a cabo en la barriada del Príncipe Felipe fue valorada pericialmente en 190.475,06 euros.
El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este miércoles en la sala de lo Penal número 1 de nuestra ciudad.
Un delito que ha contado con múltiples sentencias en torno a muchas viviendas que personas han construido ilegalmente y que un juzgado les ha exigido a demoler.
La ahora condenada tendrá que cumplir con el acuerdo alcanzado y tiene un plazo de 2 años para llevar a cabo la demolición de la casa. De no hacerlo, la acusada tendría que cumplir la pena de 2 años de prisión que fue la impuesta por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de nuestra ciudad.