El Gobierno quiere limitar la duración máxima de los contratos temporales a solo un año. Así se lo ha planteado el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la última propuesta para la modernización de las relaciones laborales. Se trata de un borrador elaborado por el departamento que dirige la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz y que está siendo objeto de debate en la mesa de negociación abierta con la patronal y los sindicatos para acordar las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación.
El objetivo es acabar con los contratos temporales. Bueno, en realidad el objetivo oficial es terminar con la precariedad. Y para Yolanda Díaz, el primer paso en ese camino son los contratos temporales. Por eso, ha anunciado una reforma laboral que hará mucho más complicado para los empresarios recurrir a esta modalidad.
De hecho, el alto volumen de contratos temporales en el mercado labora, “que se disparan sobre todo ahora en verano”, es que algo que preocupa especialmente a Comisiones Obreras, y más cuando se hacen en la Administración general del Estado. “Siempre hemos abogado porque en la Administración se hagan oposiciones de forma periódica, casi anualmente o cada dos años. Tiene que haber periodicidad y que las plazas que vayan quedando vacantes, tanto por jubilación o por las razones que sean, tienen que incorporarse a la próxima Oferta Pública de Empleo”, explicaba el secretario de organización de CCOO de Ceuta, Ángel Lara.
Desaparecería así la modalidad de obra o servicio, que en la actualidad permite celebrar contratos temporales con una duración de hasta cuatro años para la realización de una obra o servicio concreto dentro de la empresa. Son muchos los trabajadores que prestan sus servicios bajo esta fórmula, que en la práctica implica que su contrato puede finalizar en cualquier momento que decida la empresa al tener una duración incierta.
“El meollo de la cuestión está en que esos contratos temporales deben pasar a fijos discontinuos, como ocurre tanto en empresas privadas como en la Administración, que deben pasar a plazas vacantes de interinos. Hay muchos contratos en la Administración que se van haciendo mes a mes debido a las necesidades del servicio y se van prorrogando mes a mes o año a año y esto no se puede consentir”, ha continuado.
Por ello, para Lara la Administración debe tener en cuenta en primer lugar a este personal que lleva años prestando sus servicios. “Tendrán que establecer un procedimiento para que puedan tener sus plazas. Aunque para atajar el problema de raíz hay que partir de cero y que año tras año se vayan ofertando esas plazas en lugar de seguir años y años haciendo contratos temporales. El objetivo es llegar a un cero por ciento en el índice de temporalidad para todos los trabajadores”, concluía.
Finalmente, desde CCOO consideran “muy adecuado” el proyecto del Gobierno, aunque todavía no haya un documento concreto presentado ante los agentes sociales. Y aseguran que el problema del abuso de la temporalidad por parte de las empresas es un problema muy enquistado.
“Muchos trabajadores no han tenido posibilidad de estabilizar sus contratos y ahora se ven en riesgo”
Es, en definitiva, un foco más de precariedad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere atajar, liquidando directamente esta modalidad contractual, pero para CCOO el Gobierno debe empezar por sus propios trabajadores públicos.
“El problema con el que se encuentra actualmente el Gobierno es que lleva mucho tiempo sin convocar oposiciones y por otro lado, el ritmo de las que se han convocado ha sido muy lento. En toda la Administración pública encontramos muchos contratos temporales, pero quizás donde haya más temporalidad, con cerca de un 28 por ciento, sea precisamente en las vacantes sanitarias en los servicios de Salud y en Educación. Y como esto no se ha ido haciendo de forma gradual nos encontramos con grandes bolsas de personal que llevan de forma interina años y años y que no han tenido posibilidad de estabilizar sus contratos antes y ahora se ven en riesgo de ir a la calle”.
