La operación de refinanciación de créditos que la Ciudad Autónoma efectuó hace tras años sigue bajo la lupa del Tribunal de Cuentas (TCu), cuya Sección de Enjuiciamiento ha incoado actuaciones previas par las que ya se ha nombrado delegado instructor pese a que su tramitación está todavía en una fase “preliminar”, según han informado fuentes del órgano de fiscalización a este periódico.
El TCu ha encontrado “indicios de menoscabo de fondos públicos derivados de un pago excesivo de intereses con infracción, entre otras, de normas de carácter presupuestario” en esa reestructuración de deuda aprobada en enero de 2014 que afectó a cinco préstamos por un importe total de 23,7 millones de euros y que se formalizó con una sola entidad financiera [BBVA] “sin constancia de solicitud y presentación de otras ofertas por parte de otros bancos”.
Un informe del tesorero de la Ciudad cuantificó en primavera en 3,7 millones de euros el sobrecoste asumido por la Administración en intereses bancarios”.
De acuerdo con el análisis del Tribunal de Cuentas, “los dos nuevos préstamos se concertaron a unos tipos de interés del 5% y del Euribor trimestral más un 4,35%, respectivamente, muy por encima de los tipos de interés de los refinanciados, que oscilaban entre el 0,45% y el 1,73%, permaneciendo a su vez vivos otros préstamos con tipos superiores y con vencimientos a mayor plazo”.
Además, a su juicio se vulneraron diversas disposiciones legales que limitaban el periodo de amortización de deudas y los planes de saneamiento de la institución.
En concreto, pese a que las operaciones fueron informadas favorablemente por la Intervención y Tesorería de la Ciudad y comunicadas a la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas echa en falta la “oportuna autorización” por parte del Ministerio de Hacienda, así como de la presentación de un nuevo plan de saneamiento o de reducción de deuda para corregir en un plazo máximo de tres años el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento de la Ciudad, requisito este último exigible para el caso de entidades locales como Ceuta “con ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75% de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior”.
El consejero de Hacienda cuando se hizo la operación, Emilio Carreira, defendió en marzo en el Pleno su oportunidad y legalidad: “Ganamos capacidad de gasto corriente en aquellos momentos de dificultad a los tipos de interés que había en el mercado y este mismo consejero refinanció toda la deuda hasta conseguir un precio medio del 1% cuando se pudo”, recordó tras mostrarse “bastante harto” del TCu.
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