Suspendido el juicio por la compra de 9 carrozas para el día de Reyes

El titular del juzgado de lo Penal número 2 acordó ayer la suspensión del juicio que se tenía que haber celebrado por un presunto delito de prevaricación administrativa y por el que están acusados los que fueran máximos responsables políticos de Festejos, Premi Mirchandani, como consejero, y Salvador Jaramillo, como viceconsejero.

La falta de un testigo, el interventor José María Caminero, provocó que el magistrado, bastante molesto, ordenara la suspensión, quedando señalada la vista para el próximo mes de noviembre.
Hasta el juzgado de lo Penal habían acudido los acusados con sus respectivos abogados, también los testigos Guillermo Martínez, Jose Antonio Carracao y Dolores Pastilla, amén de un par de 'solidarios', los populares Juan Carlos Trujillo y Javier Romaguera. La escena tendrá que volver a repetirse seis meses después, en un nuevo señalamiento de la vista.
En su escrito de calificación inicial, el Ministerio Fiscal pide una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo para Mirchandani y Jaramillo, mientras sus Defensas, representadas por los abogados Jorge Martín Amaya y Luis Ragel, quieren hacer valer la falta de implicación en cualquier irregularidad de sus patrocinados.
Los hechos a los que se refiere este caso se remontan a noviembre de 2012, cuando, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro y que ayer se adelantó en nuestra edición digital, Mirchandani y Jaramillo, "actuando en el ámbito de sus competencias, sabedores de que con ello infringían el correcto ejercicio de sus potestades administrativas, concertaron con la empresa Artesanía Beltrán Capsir la adquisición de 9 carrozas destinadas a la Cabalgata de Reyes, por un importe de 85.600 euros".
Según la Fiscalía, "dicha contratación se realizó con plena vulneración de las disposiciones reguladores de la contratación administrativa, ya que se eligió arbitrariamente a la empresa de artesanía sin haber finalizado el procedimiento de contratación con una resolución firme y haberse contratado con la referida mercantil de forma verbal, no existiendo consignación presupuestaria para la adquisición de las carrozas", añade. "Circunstancias todas ellas", advierte, "que eran conocidas por los acusados en el momento de la contratación".
Entiende la Acusación que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa de la que serían autores ambos acusados. Además de la declaración de los testigos, Fiscalía interesó la de aquellas personas que pudieran tener conocimiento de este asunto.
¿Y cuál es el origen de todo esto? El procedimiento judicial nace de la denuncia que presentó en Fiscalía el PSOE en junio de 2014, en la que puso de manifiesto que se habían adquirido 9 carrozas para la gran cabalgata de Reyes a una empresa de Valencia sin que existiera expediente ni contrato, solamente de manera verbal a través de una llamada telefónica.
Según la denuncia que presentó el partido, el itinerario de los acontecimientos comenzó en agosto de 2012, al solicitarse una reserva de crédito para la compra de las carrozas a pesar de existir un documento escrito a mano en el que se reseñaba que era "material inventariable" y "no hay un duro". ¿De quién era esa nota? Nadie lo sabe, pero el hecho es que el PSOE la dio a conocer primero a la prensa para, después, acudir directo al juzgado. El 6 de noviembre de 2012 hubo un escrito firmado por el entonces consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, en el que se indicaba que "resulta del todo imposible tramitar dicho expediente y proceder a su adjudicación antes del día de la celebración –5 de enero–".
En vez de quedar paralizado el expediente, se contrató con la empresa valenciana las carrozas vía llamada telefónica. Las 9 bateas lucieron esa tarde de Reyes y con posterioridad, tal y como denunció el PSOE, el 29 de mayo de 2013 "apareció" una factura en el área de Festejos que quedó guardada en un cajón hasta el 30 de enero de 2014, llevándose después a reconocimiento de deuda extrajudicial de créditos.