El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han emitido un comunicado conjunto en el que instan al Ministerio del Interior y al de Sanidad a que "los policías nacionales y guardias civiles sean el siguiente colectivo a vacunar frente a la COVID-19". Aseguran que los riesgos que corren a diario son "evidentes" al "verse expuestos a potenciales contagios en sus intervenciones con los ciudadanos".
Este llamamiento se amplía a las Comunidades Autónomas que están representadas en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que solicitan a los expertos de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco que "pongan sobre la mesa de ese órgano la necesidad urgente de iniciar la protección de los agentes".
"Desde el SUP y AUGC hemos venido reclamando conjuntamente esta medida, partiendo de la premisa de que somos conscientes de que hay otros colectivos más vulnerables y que están sometidos a un riesgo mayor en el caso de contraer el virus", subrayan, en referencia a residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, al personal del ámbito sanitario y sociosanitario y a las personas mayores de 80 años. "Pero defendemos que, en función de la llegada de nuevas dosis a España y de la ampliación del número de laboratorios que las suministran, el siguiente grupo a proteger sea el de los profesionales de la Seguridad Pública", añaden.
"Con nuestro llamamiento a los dos Ministerios y a las Comunidades Autónomas reclamamos que se elabore y publique una tercera actualización de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España, que se sumaría a las emitidas el 18 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021, estableciendo que los policías nacionales y guardias civiles sean el siguiente colectivo a proteger", han explicado en la nota.
Advierten que estas intervenciones policiales requieren de una relación "directa y estrecha" con el ciudadano que es, precisamente, la que "aumenta exponencialmente los riesgos que se asumen". "Nuestro llamamiento para acometer cuanto antes esta vacunación se singulariza en la nueva ministra de Sanidad, doña Carolina Darias, a quien interpelamos públicamente para que incluya a los policías nacionales y guardias civiles -como colectivo de alto riesgo reconocido por las autoridades sanitarias- en la siguiente fase del proceso de vacunación frente a la COVID-19".
Igualmente demandan la entrega con carácter de "urgencia" de mascarillas con nivel de protección FFP2 sin válvula de exhalación, pues este material preventivo el que permite no contagiar y al mismo tiempo proteger a su portador.
Los policías y guardias civiles en nuestro servicio diario entramos en contacto continuo con los ciudadanos, los usuarios de vehículos, detenidos, inmigrantes irregulares, etc., por supuesto desconociendo si dichas personas son portadores de la COVID-19 ya sean sintomáticos o asintomáticos.
De la misma manera, prestamos servicio en contacto directo junto a otros agentes, ya sea en patrullas de seguridad ciudadana o cualquier otro cometido. En todas estas situaciones del servicio el contacto con dichas personas es ineludible y superior a 15 minutos con menos de dos metros de distancia.
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