La UDYCO advirtió el empleo de palabras clave entre los investigados porque se sabían ya controlados por la Policía
La instrucción resalta el papel de López en esta presunta trama pero también de los empleados de la sociedad de la que era gerente
La Policía lo tuvo complicado a la hora de analizar y desmenuzar cada una de las intervenciones telefónicas captadas en la operación para destapar la presunta trama de corrupción en la adjudicación de viviendas de promoción pública. Y fue así porque los investigados tenían especial cuidado a la hora de utilizar palabras clave que, a juicio de los investigadores, pretendían ocultar las conversaciones de ofrecimiento de dinero a cambio de la adjudicación de casas. En la amplia documental facilitada a los abogados tras el levantamiento del secreto de sumario del ‘caso Emvicesa’ se recogen conclusiones en este ámbito que vinieron a ratificar la idea de la existencia de una presunta organización criminal encabezada por Antonio López que si podía ser eficiente y continuar activa era gracias al escaso o nulo control político que existía en las comisiones locales de la vivienda.
Los señalados como investigados en esta investigación que todavía sigue su curso cambiaban de terminales, evitaban mantener conversaciones telefónicas con sus enlaces e incluso adoptaban medidas de seguridad como el uso de palabras clave.
En una de las intervenciones telefónicas recogidas por la UDYCO en la documental a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, López mantiene con uno de sus supuestos intermediarios que también está detenido (el policía portuario) una conversación de lo más esperpéntica. O al menos se lo parece a la Policía que no duda en considerar que están hablando en clave. ¿Por qué? Porque ambos hablan de pañales, de lo caros que son, de las fábricas que los hacen y de conectar la tablet. Lo que creen los investigadores es que en el fondo estaban hablando de proveedores y de facilitación de viviendas. “El día 7 llega a España el chico de los pañales”, se recogió en una de esas escuchas.
Con conversaciones de este tipo se toparon una y otra vez: comentarios que se cortaban porque no había interés en que fueran escuchados, así como alusiones a citas en persona y no a extender determinados diálogos vía telefónica. Las llamadas, algunas complejas de descifrar, sirven sin embargo a la UDYCO para trasladar al juzgado su impresión de que, primero, estaban ocultando de lo que hablaban y, segundo, había relación entre los investigados quienes adoptaban medidas de seguridad para no ser controlados.
“Los miembros de la organización son conocedores de la manera de operar con teléfonos”, se reseña en la documental judicial. La instrucción llega a señalar a uno de los investigados como “un perfecto conocedor en la adopción de medidas de seguridad, entre otras con el cambio continuo de líneas de teléfonos, con lo que los integrantes del crimen organizado intentan protegerse de posibles investigaciones que se ciernen sobre ellos. En este sentido se establece a continuación, una serie de características, que esta unidad investigadora entiende como teléfono de trabajo, utilizados por miembros de organizaciones criminales”, expone la magistrada. Hay una conversación entre Antonio López y una persona en la que se insiste en que tienen que verse de manera urgente. La fuerza pública entiende que es un asunto relacionado con el dinero, “dada la urgencia y que Antonio no quiere hablar. Tal urgencia acaba con un tono amenazante”, reseña la Policía que hizo saber a la autoridad judicial que López sabía que su teléfono estaba intervenido “dado que, o bien no quiere hablar, le atraviesa la palabra, o corta al interlocutor . En definitiva habla en clave”, apunta.
En la documental judicial se da por sentado que López obtenía “beneficios económicos de ciudadanos de Ceuta que querían adjudicarse una vivienda, saltándose la legalidad del proceso de adjudicación de viviendas sociales establecidas por cualquier administración pública”, advierte la autoridad judicial. Una labor que, tal y como adelantó El Faro nada más conocerse el levantamiento del secreto el pasado 7 de abril, no se podía hacer en solitario, de ahí que las investigaciones se extendieran a cinco personas que trabajaban junto a él en Emvicesa, “que formaban parte del gabinete de trabajo de la vivienda, en la que se plasma que las argucias y tejemanejes que ostentaba Antonio López no hacen mas que evidenciar aún más los indicios de criminalidad de este investigado”, insiste la magistrada.
“El principal investigado, desde su posición de Alto Cargo de la Administración Local, ¿es capaz, por sí solo, de realizar todos los trámites burocráticos y administrativos, necesarios para publicar una lista de adjudicatarios de las viviendas? Para esta instrucción la respuesta, a esta pregunta, con contundencia es un no. Es imposible que López realizara todos los trámites burocráticos y administrativos, máxime cuando dirigía un departamento con varias personas a su cargo”, recoge la instructora.
De las investigaciones se desprende la presunta vinculación con los empleados de Emvicesa que, se indica, “han mentido” en sus declaraciones en el juzgado “porque saben que están participando en un proceso ilegal y que lo han hecho siempre (de ahí su confianza y falta de asombro)”, se expone en la documental. A la magistrada Lucini le llama la atención que los investigados no se pongan de acuerdo ni en los trámites seguidos en las adjudicaciones o que tampoco den datos claros de las reuniones de la comisión. “¿Es posible que una persona con tanta experiencia no sepa hablar con claridad del proceso de adjudicación?, ¿y de sus funciones laborales en dicho proceso? ¿Porque todos tienen viviendas de protección oficial? ¿Esto es compatible con sus cargos?”, se cuestiona, llegando a establecer entre los investigados de Emvicesa diversos grados de responsabilidad. “Dichos indicios se derivan”, advierte la magistrada, “de las gravísimas contradicciones en las que incurrieron en sus declaraciones judiciales como testigos, dado que pese a los lustros que todos llevan trabajando para la empresa, no supieron relatar las funciones que cumplían en el perseguido proceso de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar, siendo mendaces, poco claros, y confusos, presentándose como personas poco colaboradoras, y oponiendo cierta resistencia a contestar claramente a las preguntas formuladas. A ello habrá de unirse lo avanzado de la investigación, y la necesidad de su directa implicación, para el fin buscado por el resto de investigados, dado que sin la participación de los mismos en el proceso y lista fantasma no hubieran visto la luz”, reseña.
Empleados de Emvicesa La magistrada Raquel Lucini cuestiona la falta de asombro en las declaraciones de los que fueron detenidos y considera que han faltado a la verdad en sus declaraciones. De hecho los considera claves en las relaciones con López.