El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho pública la resolución definitiva del procedimiento de selección de entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios residenciales que han estado o están sujetos a algún régimen de protección pública.
La decisión, recogida en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), se enmarca en una convocatoria aprobada en 2023 cuyo objetivo es impulsar la mejora, conservación y rehabilitación del parque de vivienda protegida de la ciudad.
En este caso concreto, la ayuda ha sido concedida a la Comunidad de Propietarios del edificio situado en la calle Nicaragua número 1, conocido como “Residencial Galo 1”.
La subvención aprobada asciende a un importe total de 119.395,95 euros, destinados a financiar actuaciones de conservación del inmueble.
La comunidad había solicitado inicialmente una ayuda de casi 124.000 euros, aunque finalmente el importe subvencionable se ha ajustado tras el análisis técnico y económico del expediente.
Según la resolución, el proyecto cuenta además con una aportación propia de 4.503,84 euros, que la comunidad de propietarios deberá asumir para cubrir gastos no subvencionables, como determinados impuestos.
En total, el coste de la intervención se enmarca dentro de un programa que todavía dispone de más de 1,3 millones de euros en fondos disponibles, lo que refleja la continuidad de esta línea de ayudas.
El expediente ha pasado por distintas fases administrativas desde la solicitud inicial, presentada en julio de 2024. Tras la revisión de documentación y la subsanación de errores requeridos en febrero de 2026, el proyecto fue admitido provisionalmente.
Posteriormente, diferentes informes técnicos, económicos y de la entidad pública Emvicesa avalaron la viabilidad de la actuación, lo que permitió avanzar hacia la propuesta de resolución.
La comunidad de propietarios no presentó alegaciones a la propuesta provisional y remitió su aceptación expresa de la ayuda, comprometiéndose además a cofinanciar parte del proyecto.
La ayuda concedida se enmarca dentro de las actuaciones de conservación de edificios residenciales, una de las líneas previstas en la convocatoria pública de subvenciones.
Este tipo de intervenciones suelen incluir trabajos destinados a la mejora estructural del edificio, mantenimiento de instalaciones comunes, rehabilitación de elementos constructivos o mejoras en condiciones de habitabilidad y seguridad.
El objetivo de este programa es garantizar la conservación del patrimonio residencial protegido, así como mejorar la calidad de vida de los vecinos que habitan en este tipo de inmuebles.
La resolución establece una serie de obligaciones para la comunidad de propietarios beneficiaria. Entre ellas, destaca la obligación de iniciar las actuaciones en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la concesión definitiva.
Asimismo, los trabajos deberán ser justificados en un plazo de tres meses desde su finalización, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
La falta de justificación o una justificación insuficiente podría dar lugar a la reducción de la subvención o incluso a su reintegro total o parcial, según lo previsto en las bases reguladoras.
El abono de la subvención se realizará de forma progresiva a través de Emvicesa, en función del avance de las obras y su justificación.
El sistema contempla tres fases de pago:
Antes de cada pago, la entidad deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la administración local.
Este tipo de subvenciones forman parte de la estrategia de la Ciudad Autónoma para impulsar la rehabilitación del parque de vivienda protegida, especialmente en edificios construidos bajo antiguos regímenes de protección pública.
La finalidad es mejorar la seguridad, accesibilidad y conservación de estos inmuebles, muchos de los cuales requieren actuaciones de mantenimiento tras años de uso.
Con esta nueva resolución, el Gobierno local continúa ejecutando una línea de ayudas que busca favorecer la rehabilitación urbana y el mantenimiento del tejido residencial existente, al tiempo que apoya económicamente a las comunidades de propietarios en la ejecución de estas obras.
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