Pongamos que se llama Mustafa. Pongamos que como tantos otros entró en Ceuta para intentar obtener un beneficio del sistema de atención al menor. Pongamos que no ha tenido suerte y que la mayoría de edad la ha sobrevenido sin la integración que le hubiera ayudado a regularizar su estado. Podemos poner mil y un supuestos para contar las mismas historias: las de esos marroquíes que entraron en Ceuta rozando los 17 años y que tras permanecer 365 días más en la ciudad se han topado con la obligatoriedad de su expulsión. Han perdido la conjunción mágica de la palabra MENA por la de clandestino, ilegal, a quien, si sorprende la Policía, debe trasladar al otro lado del Tarajal. ¿Cuántos son? No hay quien haya podido dar respuesta a la pregunta lanzada por ‘El Faro’. “Depende, en verano son menos; pero en invierno suele haber más por esta zona”, apunta un policía en el entorno del mirador de San Antonio, a los pies del centro ‘La Esperanza’.
Ceuta se enfrenta a otro problema en materia de inmigración: el que encarnan aquellos magrebíes que se colaron en la ciudad a través de la permeable frontera del Tarajal siendo menores y que, ya de adultos, engordan las cifras de clandestinos a los que nadie quiere poner nombre.
Los alrededores del centro ‘La Esperanza’ se han convertido en el lugar elegido para ocultarse, para vivir en clandestinidad, contando con el apoyo de otros ex compañeros del centro que les pasan comida. Forman parte de un núcleo de ciudadanos invisibles, que integran ese limbo que se enquista en Ceuta al que nadie da solución, pero que supone toda una problemática.
¿Y cómo se llega a la misma? La gran mayoría de los MENA que llegan a las puertas de ‘La Esperanza’ tiene entre 16 y 17 años. Son casi el 80% de los chicos que residen en el centro y a los que el delegado del Gobierno quiere poner veto, facilitando su expulsión directa a Marruecos, si su reclamación es atendida por la Fiscalía General del Estado. Desde el pasado enero, González Pérez lleva barruntando esta idea sin que, hasta el momento, hayan aceptado dicha medida para poner a todos los estamentos (policial, social y judicial) a trabajar en el mismo sendero.
Si un menor llega con casi 17 años al centro, le resultará prácticamente imposible poder regularizar su situación al exigírsele cierta integración. Si un MENA lleva cinco años desamparado, acreditando esta condición porque lleve todo este tiempo en el centro, puede tener derecho a obtener el permiso de residencia. ¿Llegando con 16 o 17 años? La respuesta es más que evidente. El reglamento de extranjería indica que para renovar esa residencia cuando el menor cumple la mayoría de edad tiene que conocer el idioma, tener recursos propios y no haber tenido sanciones dentro del centro además de certificar alguna formación. Si no es así, no se le renueva la residencia.
Los MENA que se cuelan en la ciudad rozando casi esa edad adulta ni han alcanzado la integración, ni conocen el idioma ni tienen, por supuesto, un contrato bajo el brazo. Son carne de cañón, futuros miembros de ese grupo de clandestinos que forma parte de una capa social asentada en la ciudad a la que no se le pone freno. Está ahí, formando parte de la otra Ceuta, mezclada en el submundo de la picaresca, de la delincuencia, de la inventiva de nacionalidades.
Los MENA cumplen 18 años en ‘La Esperanza’ sin integración alguna y pasan a ser irregulares, sin cabida siquiera en pisos tutelados por oenegés. Nadie responde a esta realidad. Viven en el monte, se mantienen de la ayuda facilitada por otros MENA y están detrás, en algunos casos, de la manipulación ejercida sobre menores de edad para la comisión de delitos.
Mientras no sean localizados por la Policía Nacional, se niegan a admitir una expulsión. Ha habido situaciones en que esa negativa no ha estado exenta de violencia. Los trabajadores de ‘La Esperanza’ se han enfrentado a situaciones en los que internos que estaban a punto de cumplir la mayoría de edad han pretendido boicotear a la administración intentando, incluso, quitarse la vida.
Este grupo representa un problema importante, que tiene su origen en otro de mayor calado: la vigilancia ejercida en el paso fronterizo.
Denuncias como la presentada ante Fiscalía por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre las tramas de introducción de menores en Ceuta han puesto al descubierto la auténtica problemática que se da en un paso fronterizo al que no se le puede ajustar el control adecuado.
Su propia arquitectura -obsoleta-, la falta de agentes, la ausencia de unas directrices adecuadas y la nulidad de investigaciones dando forma a un cóctel molotov que ha terminado por convertir la entrada de menores extranjeros en un negocio.
‘La Esperanza’ acoge en la actualidad 120 menores. Alrededor de 30 se han marchado. Llega el verano, el centro presenta unas muy malas condiciones y hay internos que, sencillamente, desaparecen. ¿Debería investigarse esta situación? La respuesta es que no se hace. Que ese menor ahora ausente volverá a aparecer en el centro de acogida después del Ramadán, pudiendo estar en Marruecos o, como se sospecha, en Ceuta, con ayuda de familiares que también residen en la ciudad de manera irregular.
¿Y quién le pone el cascabel al gato? Hasta ahora las soluciones no aparecen en un escenario de problemas al que las autoridades competentes parece que no quieren mirar.
CEAR advierte de los fallos habidos en la detección de las edades
El informe anual sobre ‘La situación de las personas refugiadas en España 2012’ que acaba de publicar la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) dedica un apartado a los procedimientos usados para determinar la edad de los jóvenes extranjeros que acaban en Ceuta y sobre los que existe la duda de si han cumplido ya o no los 18 años. “La situación de los menores de edad no acompañadas (MENA) en Ceuta es preocupante”, advierte CEAR en su dictamen, en el que subraya que durante el año pasado “aumentó sobremanera la entrada de personas que declararon ser menores de edad y tras ser sometidas a una única prueba oseométrica de muñeca por parte del forense, fueron calificadas como mayores de edad por parte de la Fiscalía”. CEAR considera que se han dado errores, algo que ya puso de manifiesto la propia dirección del CETI cuando el año pasado les llegaron subsaharianos como mayores y ellos consideraban que eran menores de edad. La oenegé pide un mayor acierto, sobre todo para evitar que esos menores terminen siendo objeto de algún tipo de trata o presión de adultos.
