Así quedó visto para sentencia el juicio seguido contra un guardia civil y su esposa por blanqueo
“Somos inocentes. Ha habido indefensión y persecución de la Guardia Civil. Han mentido para salvarse ellos y estamos aquí por suposiciones, nada más”. Han sido las palabras pronunciadas por la acusada junto a su marido, guardia civil, procesados por delitos de blanqueo de capitales, hurto y depósito de armas. Es la segunda vez que se ha escuchado, de hecho, a la mujer durante las últimas cuatro semanas en la sala de vistas. Los testigos y los instructores del caso únicamente conocían a la esposa del guardia civil por referencia. Por su parte, el acusado únicamente utilizó su última palabra para recalcar que en los 25 años de servicio “nunca” ha tenido queja de ningún superior jerárquico por su trabajo. Además, “todo el que me conoce, sabe que antes de ser guardia civil me dedicaba a los coches”. Y así quedó el caso visto para sentencia.
El matrimonio recalcó su inocencia ante el tribunal de la Audiencia, impotentes en muchas ocasiones durante las declaraciones de los testigos, pero más quejosos por los últimos seis años en los que el proceso judicial se ha ido prolongando. De hecho, el abogado de la defensa finalizó su alegato final solicitando al tribunal que desbloquearan las cuentas bancarias de la familia que, desde el día que se produjeron las detenciones y registros han permanecido embargadas.
Ambos se enfrentan en suma a 18 y 15 años de prisión respectivamente por delitos de blanqueo de capitales, agravado con el tráfico de drogas, depósito de armas de guerra y hurto, según el escrito de la Fiscalía. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución del matrimonio “con todos los pronunciamientos favorables”.
Los argumentos de la fiscal La fiscal mantuvo su escrito de acusación, con las modificaciones introducidas, en cuanto a los delitos de blanqueo de capitales, agravado por la relación que trató de establecer con el tráfico de drogas, el delito de depósito de armas y el de hurto, si bien en este último no incidió en demasía.
Sí centro su alegato en la relación evidente, en su opinión, del acusado (no de la mujer) con el narcotráfico dada su pertenencia a una organización criminal por la que sería el guardia civil un eslabón esencial para el éxito del pase de droga a la península a través del puerto donde trabajaba. La fiscal destacó las declaraciones de los policías que participaron en la investigación y vigilancias en las que vieron al acusado apuntar las matrículas de los coches “camuflados” de la CNP o la extrañeza en la conducción del acusado a modo de “contra vigilancias”.
La representación del Ministerio Público insistió en que el acusado tenía en su poder más teléfonos móviles que no pudieron ser encontrados e intervenidos. El conocido narcotraficante, llamado ‘Musa’, con el que también le relacionan era conocido por la práctica mayoría de los agentes que trabajaban en el puerto, también el acusado. Por lo que, para la fiscal es clara la relación entre el acusado con el tráfico de drogas.
También ha quedado demostrado, en opinión de la fiscal, el blanqueo de capitales en tanto al enriquecimiento patrimonial del matrimonio durante los últimos años e hizo suyas las palabras de los peritos económicos que el pasado martes remarcaron que las quince propiedades que poseía el matrimonio llamaban la atención para una familia con el sueldo de un guardia civil.
La fiscal recalcó que había muchas cantidades de dinero de las que hoy día se sigue desconociendo su procedencia y no se han aportado documentos que las justifiquen, como tampoco ha quedado justificado la segunda o tercera actividad económica del acusado, relacionada con la compraventa de vehículos e intermediario inmobiliario.
Sorpresa en la sala En el alegato final la fiscal instó al tribunal a deducir testimonio del matrimonio así como de sus familiares por un presunto delito de alzamiento de bienes que no ha prescrito a pesar de los años que han pasado. Explicaron que el padre de la acusada puso parte de las propiedades que tenía a nombre de sus hijas y yernos cuando su empresa quebró. La acusada aprovechó su turno de última palabra para recalcar que su progenitor falleció con todas sus deudas saldadas tanto con Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores que tenía.
Armas de guerra vs armas prohibidas La fiscal introdujo en la fase final del juicio una consideración última en relación al delito de depósito de armas. En su escrito de acusación constaban que las armas incautadas en el trastero, una automática y un subfusil, como armas de guerra, pero en caos de que el tribunal, tras las declaraciones de los peritos de balística el pasado martes, consideren que no son de guerra, sí serían en cambio armas prohibidas en base al artículo 563 del Código Penal. Por tanto, solicitó tres años de prisión por este delito para cada acusado.
Las armas incautadas en el trastero ubicado en el inmueble donde vive el matrimonio, son propiedad del padre del acusado, ya fallecido. Dos piezas que se encontraron modificadas, inutilizadas y con óxido, pero que han estado presentes en la sala de la Audiencia durante todas las sesiones judiciales.
Los argumentos de la defensa: una investigación sin rigor y con fallos El alegato del abogado defensor se prolongó durante una hora y cuarto. Los argumentos esgrimidos por el letrado de la defensa, que solicita la libre absolución de sus clientes, se centraron en la “falta de rigor” y los fallos de la investigación que, cabe recordar, fue conjunta entre la Policía Nacional y los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Indicios fallidos y faltos de comprobación que lastraron la investigación durante los meses que se desarrolló y que han derivado en este proceso judicial.
La defensa aseguró que las conclusiones de los instructores son “meras conjeturas” como las supuestas “entrevistas” de su cliente con conocidos narcotraficantes que nunca tuvieron lugar, como el episodio ocurrido en una finca del Monte Hacho, en la que los agentes que hacían la vigilancia reconocieron en el juicio que perdieron de vista al acusado y que no identificaron el vehículo que se vio en las inmediaciones del lugar ni a sus ocupantes.
Además, el abogado negó que el dinero supuestamente sin justificar procediera del narcotráfico en tanto la juez instructora archivó en su día estos cargos.
Es más, en el escrito de acusación, refirió el letrado, se enumeran seis incautaciones de droga relacionadas supuestamente con su cliente, cuando no es así. De hecho, “una aprehensión de 300 kilos ni siquiera existe el atestado, otra aprehensión de 173 kilos ni siquiera fue en el puerto... y una aprehensión de 49,3 kilos fue intervenida precisamente por mi cliente en el puerto”.
Insistió también que de las más de 80 conversaciones intervenidas en el teléfono del acusado se constata, en opinión de la defensa, que su cliente se dedicaba además de ser guardia civil, a la compraventa de vehículos, y de intermediario de transacciones inmuebles.
Por tanto, el letrado consideró que no se dan los requisitos necesarios para condenar al matrimonio por un delito de blanqueo, ni de hurto (por el que la fiscal pide 18 meses de prisión al acusado) ni de depósito de armas de guerra, si bien, en este aspecto, consideró que la pistola automática y el subfusil estaban modificados, sin uso, sin carga, sin munición y, por tanto, no suponían un peligro para la vida de nadie.